El alcalde detenido por el crimen de Polop fue denunciado por extorsión

El urbanismo emerge como trasfondo del móvil del asesinato a tiros del alcalde de Polop (4.100 habitantes, en el prelitoral de Alicante), Alejandro Ponsoda, del PP, hace dos años. El último arrestado por este crimen ha sido su sucesor en el cargo, Juan Cano, también del PP. Cano, edil de Urbanismo desde 1995 (salvo el mandato 2003-2007), fue grabado en dos ocasiones en un supuesto intento de cobro de comisiones a promotores. Ponsoda y Cano discrepaban sobre el desarrollo urbanístico del municipio. El regidor asesinado se opuso a un plan de 5.000 casas que impulsaba Cano a principios de este mandato.

Cano, séptimo arrestado por estos hechos, fue detenido la madrugada de ayer en su domicilio. Antes de ser conducido a los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante, los agentes realizaron sendos registros en el Ayuntamiento y en la casa del regidor. El PP reaccionó al arresto del primer edil con su suspensión cautelar de militancia. La investigación continúa, aunque no están previstos arrestos de forma inminente, según señaló ayer la subdelegada del Gobierno, Encarna Llinares.

El sospechoso contactó en un prostíbulo con el resto de la trama

El asesinato de Ponsoda, según la investigación, se planeó en el club de carretera Mesalina, a las afueras de Benidorm. Cano es asiduo a los locales de estas características, según sus conocidos. En el lupanar contactó con el resto de los miembros de la trama, entre ellos, un narcotraficante, un empresario de calzado y los dos pistoleros de nacionalidad checa que ejecutaron a Ponsoda. Uno de ellos trabajaba en el mencionado club de alterne, y el segundo, en otro local de la comarca. Por estos hechos también han sido arrestados el gerente y el dueño del prostíbulo Mesalina. Los seis ya han sido encarcelados por la juez. En la resolución del caso han sido clave cinco testigos protegidos, vinculados al prostíbulo.

Juan Cano fue el concejal de Urbanismo desde 1995 hasta 2003. No repitió en el siguiente mandato por un oscuro asunto que nunca llegó a ser desvelado públicamente: en 2002, fue grabado en un supuesto intento de cobro de comisiones a un constructor y a un vecino por la instalación de un vado. Ambas cintas están en poder de la Guardia Civil. La grabación provocó la salida provisional de Cano de la política, bajo la amenaza de que trascendiera la cinta.

En 2003, se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de esta localidad, que prevé una decena de sectores urbanizables en millones de metros cuadrados hasta multiplicar por siete su población.

Hasta el nuevo PGOU, Polop era un nido de infracciones urbanísticas. En 2003, Cano y Ponsoda comparecieron como testigos en un juicio contra el constructor y el promotor de una vivienda en suelo no urbanizable por un supuesto delito urbanístico. El proceso, según la declaración del constructor a la que ha tenido acceso este periódico, consistía en que el Consistorio permitía la construcción ilegal a cambio de que se pagaran las tasas municipales por una licencia que no se podía conceder. En el caso del juicio al que el Ayuntamiento llevó a este constructor, el empresario pagó 1.230 euros por las tasas y casi 6.000 por la infracción urbanística. Pero la obra ilegal no se derribó.

En 2006, se detectó en el Ayuntamiento la desaparición del libro de resoluciones de la Concejalía de Urbanismo en la que se registraban las segregaciones de parcelas, los proyectos y las licencias de construcción. Allí estaban todos los trámites de Cano mientras fue concejal del área hasta junio de 2003. La consecuencia es que no se puede certificar que algunas construcciones de Polop dispusieran del correspondiente permiso. La división interna que vivió el PP local producto de las tensiones entre el sector campista y el zaplanista acabó con el retorno de Cano a la lista electoral del PP en 2007. Y Cano volvió a ser nombrado concejal de Urbanismo y Hacienda cuatro años después.

El tiempo, sin embargo, no había curado las heridas de entonces. El último enfrentamiento interno conocido en el seno del Gobierno de Polop fue a cuenta de un proyecto urbanístico fuera de la ordenación. El alcalde detenido intentaba aprobar la construcción de otras 5.000 viviendas a los pies del macizo de Ponoig por encima de la cota actualmente construida, a lo que se opuso categóricamente Ponsoda.