La alcaldesa de Santa Coloma paraliza tres proyectos urbanísticos de su antecesor

La oposición pidió ayer al gobierno municipal de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès) que paralice y revise los proyectos urbanísticos que han despertado la oposición de los vecinos, entre los que figuran los que están siendo investigados por el juez Baltasar Garzón por su presunta vinculación con el caso Pretoria, de corrupción urbanístca. CiU, ICV-EUiA y el PP coinciden en señalar las mismas operaciones y reclaman que el relevo en la alcaldía implique una nueva política urbanística. En un pleno extraordinario, la alcaldesa, la socialista Núria Parlón, que gobierna con mayoría absoluta, respondió con la paralización de tres proyectos de su antecesor, Bartomeu Muñoz, procesado por el caso Pretoria. La paralización afecta a la reforma y construcción de los pisos en Singuerlín; al ARE de Safaretjos, que incluía la creación de 300 viviendas y había topado con la oposición vecinal, y el proyecto de la antigua fábrica de Ciba, pendiente de destino.

El Ayuntamiento suspende el ARE de Safaretjos y 300 pisos en Singuerlín

La reforma del parque de Can Zam, pulmón verde de la ciudad; el bloque de pisos de la avenida Pallaresa con Doctor Ferran, y el nuevo mercado del Fondo completan la lista de proyectos cuestionados. Parlón anunció que abrirá una mesa de negociación para alcanzar el consenso con la oposición en los proyectos urbanísticos estratégicos. Además avanzó que en esta nueva etapa se celebrarán dos plenos extraordinarios anuales de control del gobierno y que la oposición podrá asistir a las juntas de gobierno municipal.

Estas medidas buscan mejorar la comunicación del Consistorio, que en los dos últimos mandatos ha sido acusado por la oposición de poco receptivo ante las críticas y de actuar a espaldas a los vecinos. El pleno de ayer lo forzó la oposición y se convirtió en el primer debate sobre la corrupción después de que estallara el caso Pretoria. Un total de 47 entidades vecinales y partidos sin representación en el Ayuntamiento pidieron la palabra en el pleno.

Manel Olivés, de CiU, reclamó al nuevo gobierno "cambios urgentes y profundos", y rechazó "medidas efectistas", como, a su juicio, son las destituciones de los cargos que han cesado hasta ahora. ICV pidió que se regule el uso de los medios de comunicación municipales y el PP pidió una comisión que estudie los proyectos más controvertidos.

Joan Carles Mas, que asumió la alcaldía accidental tras la detención de Muñoz, justificó la actuación en los primeros días del gobierno y dijo que ya ordenó una auditoría externa sobre los proyectos investigados. Parlón salió al paso de las críticas. Las destituciones de los tres gerentes, que ordenó la semana pasada -uno de ellos imputado en el caso Pretoria, pese a lo cual hasta hace unos días estaba en su puesto-, buscan adelgazar la estructura de mando para "conseguir la máxima eficacia".