Bucaneros de toga y peluca

"Ser honrado no conduce a ninguna parte que aprecien los demás". Esa burla, pura ironía de Jaume Perich, parece ser la máxima del equipo de negociadores, abogados y compañía que tienen su sede central en Londres, aunque ahora con sucursales en Dubai y otros países, y que configuran un auténtico servicio de apoyo para los clanes de piratas de Somalia.

Porque, no se equivoquen, negociador viene de negocio y los filibusteros que secuestran los barcos y que, como decía el patrón del Alakrana, están todo el día borrachos o drogados, no tienen la formación ni la capacidad para saber cómo está la opinión pública de un país, lo acorralado que se encuentra el Gobierno correspondiente o cuándo pueden exigir más dinero a los armadores de los buques capturados a la vista de su situación financiera o de la presión que ejercen las familias de las víctimas. Y sin embargo, los jefes de los clanes están perfectamente informados y dirigidos, tanto es así que en ocasiones, como dijo en su día el armador vasco Iñaki Latxaga, parece que los que ponen las condiciones económicas para el rescate no son los secuestradores, sino los corsarios de la City.

El ex juez Bueren inició la persecución de los mediadores en el 'caso Revilla'

Sólo Patxi Arratibel, al que ETA asesinó, fue condenado a dos años de cárcel

Estos bucaneros de toga y peluca son designados directamente desde Somalia o se ofrecen a los armadores y Gobiernos para mediar en la solución del problema a cambio del correspondiente peaje. Su misión: obtener el máximo botín posible para los piratas -su precio es un porcentaje del rescate-, comprobar la realidad del pago y efectuar las correspondientes transferencias a cuentas africanas, generalmente de Nairobi o Dubai, previo descuento de su propia comisión. Son ese tipo de gente que, como se dice en Los Soprano, si cayeran en una alcantarilla saldrían con un reloj de oro en cada mano.

El abogado Oruko Nyawinda, que suele intervenir como defensor en los juicios contra los bucaneros somalíes en Kenia, declaró recientemente a Hernán Zin: "El día que sean juzgados en Mombasa los señores de la guerra y los abogados y negociantes que les asisten en Londres y en Dubai, entonces comenzará a haber justicia y realmente se estará haciendo algo contra la piratería".

Ahora, la fiscalía de la Audiencia Nacional ha instado al juez Santiago Pedraz para que persiga a los mediadores de la liberación del Alakrana, -no se hizo con el Playa de Bakio, ni con el Albacora IV- a los que podría acusar de complicidad en 36 delitos de detención ilegal agravados por la exigencia de rescate y por tiempo superior a 15 días.

El magistrado ha accedido a la petición y si los negociadores a comisión fueran identificados, se podría pedir su detención a efectos de extradición. Y para el caso de que la entrega no fuera concedida por Reino Unido, no podrían salir del país salvo que se arriesgaran a ser detenidos en cualquier aeropuerto del mundo.

No sería la primera vez, puesto que la persecución de los negociadores de secuestros la inició Carlos Bueren -predecesor de Pedraz y ahora en un bufete de abogados- contra los que participaron como mediadores en el cobro del rescate del empresario Emiliano Revilla, capturado por ETA en 1988 y por cuya liberación se pagaron 850 millones de pesetas. Año y medio después, Bueren procesó a los que habían negociado desde la parte de la banda terrorista: el industrial Patxi Arratibel y el abogado José María Elosúa, y ordenó su prisión preventiva. Sin embargo, renunció a hacerlo con los que habían representado a la familia de Revilla: Iñaki Aseguinolaza, Vicente y Txomin Estrada y Rafael Aguirre.

La tramitación la realizó la Audiencia Nacional, pero el caso se juzgó en 1994 en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, porque Herri Batasuna presentó a Elosúa como candidato al Parlamento vasco y resultó elegido.

La Audiencia reclamaba ocho años de prisión por colaboración con banda terrorista para Elosúa y Arratibel, pero Jesús Cardenal, entonces fiscal de Bilbao y más tarde elegido por el PP fiscal general del Estado, rebajó la petición de pena a la mitad. El tribunal vasco condenó a Arratibel a dos años porque exigió a la familia Revilla una garantía de 100 millones de pesetas por los perjuicios que su actuación le pudiera causar. Tres años después, en 1997, ETA le asesinó de un tiro en la cabeza tras acusarle de haberse quedado con 60 millones más del rescate, extremo que él siempre negó.

Elosúa, cuyo despacho cobró un millón de pesetas "como cortesía", fue absuelto a pesar de ser parlamentario de HB porque, según el tribunal, actuó como transmisor de las exigencias de ETA, pero su actuación estuvo dirigida a evitar la muerte de Revilla y no a defender los intereses de la banda. Tiene usted derecho a preguntarse qué hubiera ocurrido si el juicio en lugar de en Bilbao se hubiera celebrado en Madrid.

Y puestos a preguntarse, seguro que también se preguntará si esa anunciada persecución de los negociadores va en serio o si se convertirá en un paripé para la opinión pública. Porque está claro que a los de ETA no les necesita nadie, pero a la vista de que en lo que va de año los somalíes han participado en 195 secuestros y que algún otro de los 22 atuneros españoles que siguen faenando en aquellas aguas, como el Txori Gorri, se ha librado por los pelos de ser apresado, ¿qué interesa más: tratar de encarcelar a estos bucaneros de la toga o que la justicia haga la vista gorda, no vaya a ser que otro armador y el Gobierno necesiten sus servicios en un futuro más o menos inmediato?

Como siempre, las conclusiones son suyas.