El debate del secuestro
El final del secuestro del Alakrana ha abierto de par en par las compuertas a las críticas de la oposición, hasta ahora embalsadas, y al debate sobre las lecciones derivadas de esa experiencia. Reglamentado ya el servicio de seguridad privado a bordo de los pesqueros, será necesario establecer ahora conclusiones operativas sobre la resistencia del atunero a escuchar las repetidas advertencias de la fragata Canarias acerca de los riesgos de adentrarse en aguas del Índico no protegidas por la operación Atlanta. También queda por analizar la evidente descoordinación entre los centros con capacidad de tomar decisiones, negada oficialmente, pero admitida off the record. La consigna de que "España no ha pagado ningún rescate" debería ceder el paso a una explicación transparente sobre las ayudas públicas a los pesqueros secuestrados cuando las pólizas de seguros no cubren por entero su rescate.
El Gobierno no limitó el derecho a la información de los ciudadanos sólo para engañar a los piratas
Da la impresión de que el gabinete de crisis no estudió todos los escenarios jurídicos posibles -en la encrucijada entre el derecho interno y el derecho internacional- para elegir el destino procesal de los piratas capturados en alta mar, mientras el resto de la banda continuaba a bordo del atunero. La vicepresidenta primera repitió con tono monocorde que la entrega a la Audiencia Nacional de los somalíes apresados era el dictado imperativo e inequívoco de la ley. Pero el proceso de la adopción de las decisiones políticas no es apretar el botón de una máquina expendedora de veredictos jurídicos -semejante a las que suministran tabaco o refrescos- a fin de ejecutar ciegamente la respuesta impresa. Porque las normas no son señales indicadoras de carretera, sino oráculos que necesitan ser interpretados; y los gobernantes disponen de un amplio margen de discrecionalidad para actuar dentro de los marcos legales.
Los medios de comunicación son el vehículo principal para que los ciudadanos ejerzan su derecho constitucional a la información. Aunque el sensacionalismo periodístico puede hacer el juego a los piratas, las limitaciones impuestas por el Gobierno al derecho a la información en este caso tuvieron, además, otras motivaciones. Un periodista repreguntó a la vicepresidenta sobre un aspecto insuficientemente aclarado de la versión oficial aun "dando por supuesto" que fuese cierta en líneas generales; Fernández de la Vega agarró un globo considerable ante la posibilidad de que alguien pudiera poner en duda su relato. Sin embargo, ninguna presunción inapelable de veracidad resiste la prueba de los hechos; la vicepresidenta no habrá olvidado -era entonces viceministra de Justicia e Interior- el cuento tailandés que inventó el titular del departamento, Juan Antonio Belloch, para fabular la entrega del prófugo Luis Roldán. La garantía última de un sistema democrático es que los ciudadanos defiendan su derecho a la información; y también a la sospecha razonable y a la desconfianza escéptica frente a los gobernantes.
