Los imputados declararán por apropiación indebida y falsedad

El juez Juli Solaz, que instruye el caso Palau, ha decidido finalmente citar a declarar como imputada a Gemma Montull, la ex directora financiera del Palau de la Música e hija del ex director administrativo, Jordi Montull. Junto con ella, han sido imputadas cinco personas por su presunta participación en el saqueo de la institución musical. Se trata de dos tesoreros y tres abogados que, igual que Gemma Montull, deberán responder por los presuntos delitos de apropiación indebida y falsedad documental.

Gemma Montull figuraba ya en la querella que presentó la fiscalía el pasado mes de julio. El hecho de que no fuera citada a declarar desencadenó parte de las críticas por la supuesta pasividad del juez Solaz. Lo hará, confirmaron fuentes judiciales, el próximo lunes 30 de noviembre. Ese mismo día acudirán como imputados otros dos antiguos miembros del organigrama del Palau: Enric Álvarez, ex tesorero de la Fundación del Orfeó y secretario de la asociación, y Pau Duran, ex tesorero de la Asociación Orfeó Català.

Los abogados emitieron facturas falsas para burlar Hacienda

A Álvarez se le atribuye la firma de un documento que avalaba la legalidad de la compraventa de un local comercial por parte de Fèlix Millet, a sabiendas de que no había pasado por el obligado trámite de su aprobación por junta del Orfeó. La participación de Duran, en cambio, es irrelevante, ya que ni siquiera tenía potestad para firmar documentos, explicaron fuentes policiales.

Los otros tres imputados, que declararán ante el juez el 2 de diciembre, son abogados. El de mayor peso en la trama es el ex secretario de la fundación, Raimon Bergós. Su bufete era llevaba los asuntos del Palau. Montull dijo que Bergós les había asesorado en la elaboración de facturas falsas para esquivar una inspección de Hacienda en 2004 y 2005 sobre las cuentas de final de la década de 1990. A él se atribuye también la firma de los bonus que cobraron, supuestamente de forma irregular, Millet y Montull.

También están imputados Santiago Llopart, abogado del bufete Bergós, y Edmundo Quintana, colaborador de ese mismo bufete, que entregó los papeles a Hacienda.