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Un matrimonio lleva 16 meses con la casa ocupada y sin amparo judicial

La pareja se topó con los intrusos al regresar de vacaciones en julio de 2008 - Una juez ha rechazado desalojar a los usurpadores porque carecen de recursos

Josep M. y su mujer viven con su hijo en el barrio de El Poble-sec, en Barcelona. Lo hacen desde el 21 de julio del año pasado, una fecha que no olvidan. "Estábamos pasando unos días de vacaciones y nos llamaron por teléfono para decirnos que parecía que hubiera alguien en casa". Volvieron a uña de caballo, llegaron a la puerta de su piso, situado en el Raval de Barcelona, y trataron de abrir: la llave no iba. De ningún modo, pero dentro no se oía nada. Josep (que pide el anonimato y se niega a ser fotografiado) tiene un primo cerrajero: lo llamó y acudió casi de inmediato. Cuando ya estaba abierta la puerta, alguien acabó de abrir desde dentro. Ahí empezaron más líos.

"¿Qué hacen aquí?"

Las víctimas siguen pagando el alquiler para no perder los derechos adquiridos

"¿Cómo que qué hago? Ésta es mi casa".

"De eso nada".

Josep y su mujer decidieron acudir a los Mossos (la comisaría está a menos de 50 metros). Llegaron, pero pidieron al matrimonio que se mantuvieran al margen. Tras una conversación con los ocupantes, comentaron que no se podía hacer nada. Para sacarles del piso se necesitaba una orden judicial.

El matrimonio puso denuncia, ante los Mossos y en los juzgados. Su abogada, Esther Villaescusa, lo resume así:

"Primero instamos un proceso penal, por allanamiento de morada, pero fue archivado y se nos dijo que utilizáramos la vía civil para pedir un desahucio. Lo hicimos y en abril de este año hubo sentencia, que daba la razón a mis clientes. La otra parte recurrió. Yo, claro, pedí la ejecución de sentencia porque Josep y su mujer no tienen otra casa. Se fijó para octubre. Pero el día en que iba a ejecutarse, la juez la aplazó aduciendo que los ocupantes carecen de medios. Nos queda la apelación y la hemos presentado, pero es difícil que se resuelva antes de marzo. Todo resulta surrealista", concluye.

La vida de Josep M. y su mujer no es fácil. "Si fuera un piso de alquiler normal, dejaría de pagar y listo". Pero la cosa es mucho más complicada. El piso es una vivienda social propiedad del Incasòl y se halla en un bloque gestionado por el Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona, que reconoce estar al tanto de los hechos. El inquilino, además, no puede dejar de pagar porque, si lo hiciera, perdería los derechos adquiridos. De modo que el matrimonio no vive en el piso pero paga cada mes el alquiler "para no perder esos derechos adquiridos" y paga también la luz, el gas, el teléfono y el agua "porque nos han dicho que si no lo hacemos, luego las cosas pueden ser más complicadas".

Hace unos días, un vecino les avisó: los intrusos estaban tirando a la calle montones de cosas de su casa. Acudieron corriendo y lograron salvar un viejo televisor Elbe. Lo conservan. La mujer lo muestra y añade: "Sé que no vale mucho, pero es mío, como todo lo demás que había en el piso. A saber cómo estará ahora".Josep y su mujer viven (en realidad vivían) allí desde 1988, cuando fueron alojados procedentes del derribo de edificios que ocupaban lo que hoy es la rambla del Raval. Se habían arreglado el piso, de tres habitaciones y 80 metros cuadrados. "Hace unos años se hicieron unas obras, porque fallaban las tuberías y los desagües. Les dije que la cocina me la haría yo nueva", cuentan casi al unísono el hombre y la mujer. Hablan de la casa con una profunda nostalgia: la ropa, las fotos, los recuerdos y, sobre todo, proyectos de un futuro que ya no será. El buzón de casa es un buen ejemplo de ello: el intruso ha arrancado el nombre de la pareja y ha escrito el suyo con un rotulador.

El Patronato Municipal de la Vivienda dice que está al tanto de la situación y que sus servicios jurídicos se han puesto al servicio del matrimonio, pero que no pueden ir más allá. La abogada del matrimonio pidió al Patronato que, vista la situación, le facilitara otro piso, pero la respuesta fue que eso no es posible hasta que recuperen la suya. Tampoco accedió a congelar el pago del alquiler. "Además", dice Villaescusa, "los ocupantes [precaristas en lenguaje jurídico] se han empadronado en el piso y han dado de baja a mis clientes. Fui al Ayuntamiento a preguntar cómo se habían podido empadronar sin contrato y me respondieron que eso es muy fácil, que basta el recibo domiciliado de un teléfono móvil".

Josep y su mujer se aferran a lo poco que les queda de su vivienda: el papel del censo electoral, donde figuran sus nombres y la dirección objeto de litigio. Se les nota cariño por la vivienda, pero están pensando, cuando puedan, en proponer al Patronato de la Vivienda de Barcelona que les dé otra distinta. "No sé, a veces quisiera que hubiera pasado todo y otro pienso que no quiero volver nunca más a ese piso. Y eso que lo habíamos hecho a nuestra medida", dice ella con un tono entre la rabia y la pena.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 19 de noviembre de 2009