Las penas de trabajo comunitario se multiplican por seis en dos años

El incremento de los delitos menores trae en jaque a la administración de Justicia. El ejemplo más claro lo representan las penas impuestas a ciudadanos para realizar trabajos en beneficio de la comunidad en sustitución de la cárcel, que se han multiplicado por seis en sólo dos años y amenazan con colapsar los tribunales. En lo que va de ejercicio se han aplicado en Euskadi más de 2.600 sentencias de este tipo, mientras que en 2007 apenas fueron 450. La situación en el conjunto de España es incluso más complicada. Sólo hasta agosto se fallaron más de 127.000 casos.

Este aumento no es fruto de la casualidad. Responde a la modificación del Código Penal que ahora tipifica como delito algunas infracciones leves relacionadas, sobre todo, con la seguridad vial. Lo que antes se podía saldar con el simple pago de una multa, en la actualidad exige también el cumplimiento de una condena a trabajos comunitarios. Como consecuencia, el juzgado de Vigilancia Penitenciaria se ha visto desbordado y los Servicios Sociales de Instituciones Penitenciarias, dependientes del Ministerio del Interior, no dan abasto para hallar tareas con las que los sancionados cumplan las penas sustitutorias.

El fuerte aumento se debe a la modificación del Código Penal

Según desveló en septiembre el Gobierno vasco, el 46% de las penas prescribe ante la imposibilidad de aplicarlas en uno o tres años, plazo máximo fijado en función del delito cometido. De hecho, en la actualidad todavía se están ejecutando algunas de 2007. Pero ese aumento inducido no es el único problema. La reforma legal ha coincidido con la recesión económica, lo que ha desembocado en un caos difícil de atajar. A la falta de medios judiciales y recursos humanos derivada del aumento de sentencias se une la ausencia de plazas en las que destinar a los condenados.

La consejera de Justicia, Idoia Mendia, anunció hace dos meses su intención de llegar a un acuerdo con Eudel para encontrar la colaboración de los ayuntamientos, ya que los municipios son el espacio natural para desarrollar esas labores comunitarias, si bien la asociación municipal asegura que el encuentro "todavía no se ha producido". Hasta ahora, la implicación de los consistorios ha sido más bien escasa. El paro es la excusa que con más frecuencia esgrimen para argumentar su rechazo a una "colaboración institucional" que, en su opinión, "podría contribuir al desempleo" en sus localidades.

La falta de oferta municipal, que apenas ronda las 350 plazas, ha forzado a Instituciones Penitenciarias a idear alternativas para atender la demanda. Así, a los sancionados en materia de tráfico se les ofrecen cursos de reeducación vial orientados por un psicólogo y a los condenados por drogas se les insta a participar en un tratamiento de desintoxicación. Además, colectivos sociales y varias ONG se han convertido también en focos receptores, con trabajos de limpieza, cuidado de jardines o atención a enfermos y ancianos.