Ilegalizaciones calculadas
En un extenso libro de entrevistas que salió a la luz el año pasado, Patxi López reconocía abiertamente que, a los socialistas vascos, la ley de Partidos se "la habían clavado, porque Juan Fernando [López Aguilar] había dicho que sí sin discutirlo con nosotros". Y por si ello no fuera suficiente, López admitía a renglón seguido que aquella imposición les irritó sobremanera, "aunque luego públicamente tienes que salir poniendo buena cara".
Esta confesión contrasta abiertamente con la imagen de sintonía que los socialistas y populares vascos vienen exhibiendo estos días con ocasión del fallo de la Gran Sala del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. El tribunal no se pronuncia sobre la ley de Partidos, porque no es ese su cometido. Se limita a declarar que la ilegalización de Batasuna y Herri Batasuna -que, a la luz del ordenamiento jurídico, también podía haberse llevado a cabo al margen de la ley de Partidos- no vulnera el Convenio Europeo de los Derechos Humanos. Pero el PSE y el PP han querido ir más allá. Y se han empeñado en forzar el sentido de la resolución, presentándola como si fuese la prueba del algodón que avalaría la limpieza democrática de una ley -la de Partidos- que, al parecer, los socialistas vascos ya no consideran que se la "clavaron" los populares, aprovechando la pusilanimidad de López Aguilar.
El PSE y el PP se han empeñado en forzar el sentido de la resolución del Tribunal europeo
No voy a criticar la sentencia. Creo que ha de ser acatada por todos los que respaldamos el marco institucional creado en el seno del Consejo de Europa. Pero no puedo dejar de lamentar el hecho de que descanse sobre un esquema argumental bastante más endeble que el que dio soporte a otros fallos del mismo tribunal que sirvieron para avalar ilegalizaciones de partidos políticos acordadas por otros Estados miembros del Consejo. Creo, sinceramente, que la política vasca se merecía, cuando menos, una motivación tan trabajada y sólida como la que sirvió de base al Tribunal de Estrasburgo para amparar la ilegalización del Refah Partisi de Turquía. Los que confiábamos en su radical actitud garantista no hemos podido evitar una cierta decepción al leer un pronunciamiento que parece confiar más en la autoridad de quien la pronuncia que en la fuerza persuasiva de las razones que aporta.
Con todo, me temo que el Tribunal de Estrasburgo no garantiza -como algunos quisieran- la pulcritud democrática de todo lo que gobiernos y jueces han hecho en el proceso de aplicación de la ley de Partidos a lo largo de su azarosa vida. Me explico. La norma incide de lleno en un terreno -el de la ilegalización de partidos políticos en los regímenes formalmente democráticos- sobre el que está planteado un debate secular, que enfrenta a figuras señeras del Derecho público y de la filosofía política. Mientras unas sostienen que la ilegalización de partidos constituye un instrumento excepcional, pero irrenunciable, para la defensa de la democracia frente a sus enemigos, las otras afirman que cuando un régimen democrático ilegaliza a un partido político, está sentando, con ese sólo hecho, las bases de su propia destrucción como sistema abierto y pluralista. Nos encontramos, pues, ante una materia controvertida.
Ahora bien, lo que deslegitima a la ley de Partidos vigente en España desde 2002, no es tanto su adscripción al primero de los bloques citado, cuanto la calculada y políticamente interesada gestión que los sucesivos gobiernos han venido haciendo de sus previsiones más incisivas. La ley reserva al Ejecutivo la efectiva puesta en marcha de los mecanismos de ilegalización. Y los diferentes gobiernos -todo el mundo lo ha podido comprobar- han activado estos dispositivos con arreglo a los más prosaicos intereses electorales de cada coyuntura. Hoy tolero, mañana lo ilegalizo todo y pasado mañana, sólo lo que me interesa.
Cuando se aprobó la ley publiqué un artículo en el que denunciaba el descarado "oportunismo partidista" que animaba a sus promotores. "Ahora", reseñaba entonces, "sólo resta comprobar en qué medida la artificial alteración que la aplicación de la ley de Partidos va a suponer en el panorama electoral de Euskadi, contribuye a mejorar absoluta o relativamente las posiciones de los partidos que la impulsaron". Leídas hoy, tras la experiencia del 1 de marzo, estas palabras me provocan inquietud. Desafortunadamente, acerté. Y precisamente por ello, a Patxi López ya no le parece tan grave que la ley que le ha permitido acceder a Ajuria Enea, se la "clavasen" los que apoyaron su investidura.
Josu Erkoreka es portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) en el Congreso de los Diputados.
