_
_
_
_
Columna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

'Alakrana'

El caso Alakrana aparece rodeado de una variopinta galería de personajes y opiniones, que irremediablemente siempre afloran cuando nos enfrentamos a un espinoso problema jurídico y a un verdadero dilema moral.

En primer lugar, se sitúan quienes aprovechan la ocasión para obtener algún rédito electoral, a base de concentrar sus esfuerzos en responsabilizar al Gobierno de España, sin perjuicio de criticar además, de paso, a la Fiscalía y a los jueces. Aquí brillan con luz propia el principal partido de la oposición y los medios de comunicación afines a él, que iniciaron el bochornoso e irresponsable espectáculo. No obstante, sería injusto no reconocer la honrosa excepción de sus líderes políticos en las dos Comunidades que tienen marineros secuestrados, País Vasco y Galicia. Comportamiento particularmente intachable ha sido el del presidente de la Xunta, quien desde el primer momento dio una lección a la dirección nacional de su partido, obligándola incluso a rectificar. Núñez Feijoo se puso a disposición del Gobierno de España y de los familiares de los secuestrados, entendiendo correctamente que las críticas deben quedar aparcadas hasta que nuestros marineros sean liberados. Y es que, efectivamente, lo contrario no sólo constituye una deslealtad inaceptable, sino que además refuerza la posición de los piratas.

A los únicos a los que no se les puede reprochar nada es a los familiares de las víctimas

A los únicos a los que no se les puede reprochar nada es a los familiares de las víctimas, puesto que se encuentran en una auténtica situación de inexigibilidad general, moral y jurídica: cualquier persona, colocada en las mismas circunstancias, habría obrado del mismo modo. Es más, hay que elogiar el ejemplar comportamiento que han mantenido después de las manifestaciones de Vigo y Bilbao y de la entrevista con el presidente del Gobierno, comprendiendo que para conseguir un desenlace feliz lo mejor es guardar silencio y apoyar a nuestras instituciones.

En un segundo grupo se incluyen aquellos que tratan de ofrecer una solución jurídica al problema planteado con la detención de los dos piratas. Estas opiniones deben ser en principio bienvenidas, salvo cuando se proponen soluciones que se presentan como sencillas, pero que, en realidad, son insostenibles, puesto que de este modo se contribuye también a reforzar la posición de los piratas. Así sucede cuando se afirma que los tribunales españoles no están obligados a juzgar a los secuestradores, invocando la Convención de la ONU sobre Derecho del Mar; frente a ello hay que oponer que, una vez que los secuestradores han sido ya puestos a disposición judicial, ninguna incidencia posee aquí dicha Convención, y que los tribunales españoles son competentes con arreglo al principio de territorialidad de la ley penal: un buque mercante de pabellón español es territorio español (sí, como Vigo o Bilbao); únicamente si se encontrase en aguas territoriales extranjeras, quedaría sometido a la jurisdicción del Estado ribereño en algunos supuestos, que, desde luego, no concurren en el caso del Alakrana. Tampoco puede aceptarse la propuesta de expulsar a los piratas en aplicación de la Ley de Extranjería, puesto que, para que ello fuese factible, la pena solicitada para los encarcelados tendría que ser en todo caso inferior a seis años, y aquí, al margen de otros posibles delitos, se imputan 36 delitos de secuestro agravado, castigados cada uno de ellos con un marco penal base de diez años y un día a 15 años.

Finalmente, en un tercer grupo se halla la posición de quienes, sin saber qué es el Derecho ni para qué sirve, ignorando los conceptos más elementales de una teoría de la justicia en el seno de un Estado de derecho y apoyándose en unos presupuestos filosóficos de progenie ontologista y/o pedestre (aquellos a los que Wittgenstein denominó "sinsentidos"), sugieren la tesis de que hay una solución inmediata "política" y "justa" al margen del Derecho o con su aplicación torticera. Estas opiniones son las más nocivas: no solo para conseguir lo que todos deseamos en este momento (el regreso de nuestros marineros), sino para el futuro de la humanidad.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
SIGUE LEYENDO

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_