La senadora raptada

Designada por el Grupo Socialista de las Cortes valencianas el pasado 15 de mayo como candidata al escaño dejado vacante en el Senado por el eurodiputado Andrés Perelló, la secretaria de organización del PSOE Leire Pajín deberá aguardar al menos hasta febrero de 2010 para ser nombrada. El retraso no es culpa de la indolencia burocrática, sino de una vengativa represalia tomada por el PP -con mayoría absoluta en la Cámara- contra los socialistas por las críticas a sus vinculaciones con la trama Correa (incluidos los trajes regalados al presidente de la Generalitat). Para reducir al PSOE al silencio, el PP valenciano le chantajeó sin éxito con la amenaza de hacer tragar a la candidata a senadora una cucharada sopera de aceite de ricino: Leire Pajín debería acudir cubierta de ceniza al Parlamento para ser examinada de "valencianidad" antes de ser designada.

El PP de Valencia sigue aplazando en fraude de ley el nombramiento de Leire Pajín como senadora territorial

El Senado está formado por 208 miembros elegidos directamente por los votantes y otros 51 designados por los Parlamentos autonómicos. Desde 1983 hasta ahora, la Cámara valenciana había nombrado 22 senadores territoriales sin que a nadie se le pasara por la cabeza la idea de organizar ese humillante remedo de Jura de Santa Gadea, que ha dejado al Senado -Leire Pajín se ha negado a participar en la farsa- con un escaño sin ocupar y al PSOE con un senador menos (razón de que perdiera una votación por la mínima).

Los socialistas han recurrido ante el Constitucional contra la insólita cacicada. El cese de Ricardo Costa, fiel ejecutor hasta entonces de la estrategia de chantaje, ha proporcionado al nuevo portavoz Ricardo Blasco (un perro viejo en el oficio acostumbrado a mudar de piel y de collar: ha sido consejero con el socialista Lerma y con los populares Zaplana y Camps) la oportunidad de renunciar a la represalia, no sin cometer la mezquindad de retrasar la designación de la senadora hasta el inicio del periodo de sesiones de febrero.

El rapto de Leire Pajín durante nueve meses ha elevado a un nivel delirante las trapacerías de los partidos para incumplir los mandatos constitucionales o legales sobre la designación por sus grupos parlamentarios -en las Cortes y las Cámaras autonómicas- de los altos cargos o de los órganos colegiados. Las mayorías cualificadas exigidas en el Congreso y el Senado -tres quintos o dos tercios- se prestan al bloqueo indefinido promovido por los grupos minoritarios, como sucedió durante la anterior legislatura con el Consejo General del Poder Judicial y ocurre en la presente con el Constitucional.

Pero la violación de la legalidad cometida por el PP al aplazar la designación de Leire Pajín como senadora muestra que la mayoría absoluta de un partido en los Parlamentos regionales unicamerales -obligados a aplicar criterios de proporcionalidad en función de su composición interna para aprobar los nombramientos externos- puede también ser utilizada con todo descaro para obstruir, desfigurar y falsear los mandatos constitucionales.