La Audiencia Nacional culpa al Gobierno de traer a España a los dos piratas

La Audiencia Nacional culpó ayer al Gobierno de haber adoptado la iniciativa de traer a España a los dos piratas detenidos por el secuestro del atunero Alakrana y que ahora dificulta las negociaciones para la liberación de los 36 tripulantes y la devolución del buque.

En una nota oficial, instrumento que no suele ser habitual, el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, irrumpe en medio de la polémica sobre quién decidió traer a España a los dos piratas capturados en el Índico y cuyo regreso a Somalia reclaman los secuestradores. El documento, que consta de cinco puntos, destaca que la actuación de Baltasar Garzón "se realizó en el marco de la más estricta legalidad, como juez de guardia, y en respuesta a una denuncia presentada por la Abogacía del Estado, sin actuar de oficio".

Pedraz advirtió ayer que se pronunciará "en el momento procesal oportuno"

Agrega que ni el juez ni el juzgado "instaron a organismo alguno para que las personas fueran trasladadas a España, sino que cumplió con la ley al ordenar su traslado para legalizar la situación de las mismas, una vez les constó su detención".

Juanes destaca que tanto el juzgado como Garzón "desconocían que existiera intención de traslado de aquellos a un tercer país, procediendo a legalizar la situación de las dos personas privadas de libertad tras el abordaje del esquife por la Armada española, una vez que se conoció la misma, y, ello previa petición del ministerio fiscal, de conformidad con cuanto establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

La nota deja claro que ningún juez de la Audiencia Nacional "ha reclamado para sí la competencia del caso, ni exigió que se presentara denuncia alguna". Eso sí, una vez presentada la denuncia por la Abogacía del Estado, el juez resolvió sobre la competencia de los tribunales españoles y de la Audiencia Nacional, previo informe del ministerio fiscal.

La presidencia de la Audiencia Nacional concluye que Garzón, en funciones de juez de guardia, "tramitó la causa por los cauces de la legalidad y normalidad procesal requeridos ateniendo las circunstancias y, en concreto, la situación en que se hallaban las personas secuestradas".

Por otra parte, el abogado Francisco Javier Díaz Aparicio, defensor de Cabdiwelli Cabullahi, Abdu Willy, instó ayer al juez instructor del caso, Santiago Pedraz, a que fije los hechos objeto del procedimiento, con la finalidad de saber si van a ser acusados como autores de detención ilegal o existen otras alternativas.

El magistrado respondió ayer mismo que ya se pronunciará sobre el presumible relato de los hechos en el momento procesal oportuno. Ese momento, según fuentes jurídicas, sería cuando hubiera que realizar la transformación de las diligencias previas en sumario o en procedimiento abreviado. Todo parece indicar que será sumario, puesto que Abdu Willy y Raagegeesey Hassan Haji están imputados por asociación ilícita, uso de armas, robo con violencia y 36 delitos de detención ilegal. Cada uno de ellos conllevaría una pena entre los 10 años y un día y 15 años de prisión por tratarse de un secuestro agravado por la exigencia de rescate y por una duración superior a 15 días.

No obstante, el letrado Díaz Aparicio sugirió a la fiscalía que acusen a los piratas por complicidad en las detenciones ilegales o el delito autónomo de encubrimiento, para que el caso pueda pasar a procedimiento abreviado.

En todo caso y a la vista de lo poco habitual de esta solución, es muy probable que, si llega a plantearse en algún momento, el juez la rechace. Y habría que entrar en el sistema de recursos y que la Sala de lo Penal -nada proclive a extravagancias- resolviera sobre el caso.

Mientras tanto, el juez Pedraz pidió al jefe del Estado Mayor de la Defensa que le ratifique los datos del informe presentado y quiénes actuaron en Somalia.