Año y medio de negociación para lograr un 10% más

Más dinero, más autonomía fiscal y menos diferencias en recursos por habitante. El nuevo modelo de financiación autonómica podría contarse así. Pero también como una reforma que sacia las exigencias del Gobierno tripartito catalán (que también convenían a Madrid y Baleares), que minimiza el sobrecoste que supone prestar servicios en territorios con población escasa o dispersa. O que retrata al PP: los gobiernos regionales que dirige se abstienen y cogen el dinero, pero luego se opone en el Congreso.

» El precio del acuerdo. La reforma es la más radical desde que, en 1994, el Gobierno aceptó ceder a las comunidades parte del IRPF. El vuelco al sistema requirió año y medio de complejas negociaciones. Pero, como otras veces, lo que selló el pacto fue el incremento del dinero que se reparten las comunidades. Los ejecutivos autonómicos echaban en falta recursos para sanidad, educación y nuevos servicios sociales y el Gobierno tuvo que pujar alto: 11.700 millones de euros adicionales, que suman un 10% al dinero que se distribuyó en 2007 (114.000 millones). Además, postergó a 2011 la devolución de los 6.000 millones (en tres años) que le deben las comunidades por el dinero que les anticipó de más (la recaudación real fue mucho más baja) para 2008.

» La cesta tributaria se amplía. El nuevo sistema explora los límites del Estado de las Autonomías. Ahora, las comunidades recibirán un 50% del IRPF y del IVA, y un 58% de los impuestos especiales. De las principales figuras tributarias sólo queda fuera del reparto el impuesto de sociedades. Casi la mitad de la recaudación tributaria va ahora a las autonomías.

» La población real. Aunque parezca mentira, el reparto del dinero en modelos anteriores se hacía en función del censo de un año determinado. O sea, para la financiación autonómica, la población no crecía y se distribuía siempre igual. El nuevo modelo parte de la población real de 2009 y se actualizará cada año.

» Nuevo sistema de reparto. Es el cambio más profundo. Ahora, el 80% del dinero (75% de la cesta de impuestos, 5% del Gobierno) se repartirá con el objetivo de garantizar un mismo nivel de recursos por habitante. Con ello se quiere lograr una dotación similar para sanidad, educación y servicios sociales. El resto de competencias se financia con lo que queda de la cesta de impuestos. Un fondo estatal garantizará que todas las comunidades reciben al menos el mismo dinero que antes si no les llega con su cesta.