Dos ex presidentes de Ferrocarrils, condenados a devolver 2,7 millones

El dinero público no es de dominio público. Y si alguien se lo queda indebidamente tiene que devolverlo. Por eso, Enric Roig y Antonio Herce, ambos presidentes de la empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat en la etapa de Convergència i Unió (CiU), deberán reponer 2,7 millones de euros a la empresa que dirigían, según establece una sentencia del Tribunal de Cuentas que confirma plenamente una resolución anterior frente a la que ambos habían presentado recurso.

El tribunal da por probado que ambos promovieron, a espaldas del consejo de administración, un plan de pensiones para ellos mismos y otros miembros del comité de dirección de la empresa. Eran pensiones cuantiosas que, al final, resultaron en opíparos aumentos de sueldo diferido encubiertos.

Asimismo, Roig percibió 39.306 euros como dietas por actos que no debían ser retribuidos de esta forma.

Entre los motivos esgrimidos indebidamente para percibir dietas, el fallo cita reuniones con personas de la dirección de Ferrocarrils, reuniones con el consejero de Política Territorial, encuentros con directivos de otras empresas y administraciones y asistencia a actos protocolarios.

El fallo fija que el total defraudado asciende a 3.225.303 euros, en concepto de los planes de pensiones, más los 39.306 euros por dietas indebidas. Aun así, las cantidades que han de devolver a la empresa son menores debido a que algunas percepciones habían prescrito en el momento en el que se inició la investigación pertinente.

Los dos condenados alegaban en sus recursos, entre otras razones, que todo había quedado prescrito. El tribunal rechaza esta pretensión, ya que considera que las gestiones para enmendar la situación se inician el 19 de marzo de 2003, cuando la Intervención General de la Generalitat efectúa un informe sobre los años 2000 y 2001 en el que alude a "pagos objeto de controversia", en referencia a los efectuados para la provisión de estos fondos de pensiones. Esto hace que sólo se exija la devolución de los pagos efectuados con posterioridad al 20 de marzo de 1998.El tribunal exime al ex director de Ferrocarrils de la Generalitat Miquel Llevat porque, afirma, "no intervino ni en la creación del fondo ni participó en ningún otro pago" que el que se le efectuó a él mismo cuando abandonó la empresa.

El fallo excluye también de responsabilidad al que era presidente de la empresa en el momento de constituirse el fondo, Albert Vilalta. Vilalta fue luego consejero de Medio Ambiente en uno de los gobiernos de Jordi Pujol y secretario de Estado en el Ministerio de Fomento, durante la etapa de José María Aznar como presidente del Gobierno.

El proceso seguido, reconoce el tribunal, fue el siguiente: Roig y Herce constituyeron en 1991 un fondo de pensiones para 15 miembros (incluidos ambos) de la dirección de Ferrocarrils de la Generalitat. Si un directivo dejaba la empresa recibía la parte correspondiente. El resto se repartió el dinero al disolverse el fondo en el año 2000, siendo ya Herce presidente de la compañía. Roig, que había dejado la empresa en 1999, percibió más de un millón de euros. Herce cobró 278.391 euros cuando se procedió a disolver el fondo y repartir las aportaciones y los beneficios generados.

La denuncia ante el Tribunal de Cuentas la presentó Joaquim Nadal, consejero de Política Territorial. Posteriormente, Iniciativa per Catalunya llevó el caso a la Fiscalía Anticorrupción, que interpuso la correspondiente querella contra todos los directivos que habían participado en la operación y, también, contra Vilalta. Vilalta también fue citado como responsable ante el Tribunal de Cuentas por Enric Roig, quien alegó que aunque él era director general (luego sustituyó a Vilalta en la presidencia) cuando se produjo la operación, el presidente era el verdadero responsable de la misma.