Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Granados aconseja a sus compañeros del PP que "no acusen sin pruebas"

El PP insistió ayer con su campaña por la supuesta ilegalidad del sistema de escuchas que utiliza la policía y que, según los dirigentes populares, podría acarrear la nulidad de "cientos" de procesos judiciales, entre ellos el caso Gürtel . Pero contra las invectivas de los dirigentes populares avisó ayer el consejero de Justicia e Interior del Gobierno de Madrid, Francisco Granados, también del PP, que señaló que "los responsables políticos no deben acusar sin pruebas" y deben "tener mesura en sus declaraciones", informa Efe.

"Yo he sido objeto de acusaciones absolutamente injustas. Por tanto, no voy a caer en la misma trampa de acusar de algo de lo que no tengo ningún elemento de que se esté produciendo", aseveró el secretario general del PP de Madrid salpicado por el escándalo del espionaje interno a cargos del PP.

El Gobierno también respondió al PP acusándole de "hacer de abogado" de los imputados de la trama corrupta Gürtel arrojando "sombras de duda" sobre todo el sistema judicial a fin de lograr la nulidad de procesos en los que ha habido escuchas. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, defendió el dispositivo Sitel como modelo de interceptación de telecomunicaciones, similar al de otros países europeos, con "una importancia decisiva en la lucha contra el terrorismo, el tráfico de drogas y la delincuencia organizada".

De la Vega aseguró que el PP "sabe que es legal desde su implantación porque así lo ha sentenciado tres veces el Tribunal Supremo". Y preguntó al líder del PP, Mariano Rajoy, por qué siendo ministro del Interior gastó 10 millones en adquirir un sistema que ahora tacha de ilegal.

Por su parte, el vicesecretario del PP, Esteban González Pons, emplazó al ex ministro socialista de Interior, José Antonio Alonso, a que explique los informes jurídicos que tenía en 2004 para autorizar el uso de Sitel, y que, en caso de no poder hacerlo, debería dejar su escaño. Según Pons, se encontró con 22 informes que decían que el sistema no se podía usar sin una ley orgánica, ya que Sitel registra todo tipo de datos de la persona investigada y de sus interlocutores.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 7 de noviembre de 2009