El PP alienta la anulación de procesos con escuchas

El PP ha lanzado una ofensiva para que el Congreso regule las escuchas telefónicas. Los populares consideran que el sistema actual que utiliza la policía es inconstitucional y que se están violando de forma sistemática los derechos fundamentales desde 2005. De esa forma se abriría la puerta a peticiones de nulidad de miles de procedimientos judiciales de los últimos años, empezando por el caso Gürtel, en los que se haya usado el sistema de escuchas Sitel.

La tesis del PP es que el Gobierno del PSOE puso en 2005 en marcha un nuevo sistema de escuchas, por el que se almacenan otros datos como mensajes, localización y acceso a Internet. Asegura que el sistema lo promovió el Gobierno de José María Aznar en 2001, pero paralizó su implantación porque los ministerios de Defensa y Justicia y el Consejo General del Poder Judicial denunciaron "importantes deficiencias en la cobertura legal para ponerlo en funcionamiento, entre ellas la necesidad de que se aprobase una ley orgánica que la regulara".

Aseguran que el PSOE lo desarrolló en un reglamento de 2005 y 2007 con una norma y una ley ordinaria, con "rasgos de dudosa constitucionalidad" por no ser ley orgánica y por deficiencias como que "los soportes originales de las grabaciones que en este momento se están utilizando de Sitel y se aportan a los tribunales no están firmados electrónicamente ni garantizadas por ninguna autoridad que garantice su autenticidad". El PP ha incluido estas consideraciones en una proposición no de ley que pretende que apruebe el Pleno del Congreso, en la que se dice que "la esfera de la privacidad de las personas quedaría invalidada como medio de prueba" y exige al Gobierno que remita al Congreso en dos meses un proyecto de ley orgánica.

La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Saénz de Santamaría, aseguró que esta supuesta base legal podría ser invocada para pedir la nulidad de procesos en los que se haya utilizado este sistema de escuchas. En concreto, aseguró en el Congreso que "cuando se acuerdan determinadas medidas sin las debidas garantías puede conllevar una nulidad de actuaciones". Saénz de Santamaría habló abiertamente de violación de derechos fundamentales con este sistema de escuchas, puesto que carece de base legal, según dijo.

El texto que el PP someterá a votación del Pleno pide el control parlamentario del sistema y asegura que "la sociedad está siendo castigada con frecuencia por determinados delitos que generan especial alarma social, se puede tener la tentación de establecer un sistema en el que el afán de control prime sobre la libertad en las comunicaciones, sacrificando los derechos civiles, y comprometiendo gravemente el ejercicio de las libertades individuales".

El portavoz parlamentario del PSOE, José Antonio Alonso, respondió al PP preguntando "quién, cómo, dónde y cuándo se ha hecho una escucha ilegal, es decir, sin autorización judicial; que lo digan y lo denuncien de inmediato". Alonso fue el primer ministro del Interior de Zapatero, y fue quien puso en marcha el sistema de escuchas que denuncia el PP.

"El PP sabe que está acusando de un delito, porque eso es exactamente lo que ocurre si se interceptan las comunicaciones sin autorización judicial", añadió. A su juicio, el PP "está diciendo que las instituciones del Estado no funcionan con arreglo a la ley y el Derecho; en el fondo está cuestionando el vigor democrático de este país", proclamó con un punto de indignación. No obstante, en el PSOE han asumido que el PP no va "a soltar este hueso" y se preparan para esta ofensiva, también "a la ofensiva", señalan en la dirección del PSOE.