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La polémica sobre los 'pinchazos' telefónicos

La fiscalía avala la utilización del sistema Sitel bajo autorización y control judicial

Asociaciones de jueces y fiscales tildan de "frívolas" las acusaciones del PP

La Fiscalía General del Estado y la Fiscalía de Madrid defendieron ayer la legalidad de la utilización del Sitel (Sistema Integral de Interceptación de Telecomunicaciones), siempre que las interceptaciones telefónicas sean "individualizadas" y se practiquen con "autorización judicial" y bajo el "control" del juez que las ordene, informaron ayer fuentes de ambas instituciones.

De hecho, fue la Fiscalía de Madrid la que en 2005 alertó sobre este sistema de escuchas, que venía utilizando la policía y era desconocido para jueces y fiscales. En la instrucción de unas diligencias, el fiscal se percató de la existencia de un nuevo sistema de interceptación que permitía conocer más datos que la mera conversación telefónica. La Fiscalía de Madrid presentó entonces un informe al fiscal general en el que proponía que jueces y fiscales conociesen la existencia y potencial del nuevo sistema con el que podría accederse a otra serie de datos que podían ser conocidos y utilizados por la policía sin que los jueces y fiscales lo supiesen. El informe proponía establecer mayores garantías en la utilización del sistema.

Según fuentes de la fiscalía general, el informe fue estudiado por la Secretaría Técnica y las conclusiones fueron que el sistema no es ilegal y es "más eficaz y seguro" siempre que un juez autorice individualizadamente y controle después todo el contenido de la comunicación.

En general, las asociaciones de jueces y fiscales subrayaron ayer que las intervenciones telefónicas siempre se hacen bajo autorización judicial y con "proporción y mesura" y tildaron las acusaciones del PP de "frívolas".

El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa, propuesto por el PP, recomendó ayer que si alguien duda de la constitucionalidad del Sitel, lo denuncie al Tribunal Constitucional. La portavoz del organismo, Gabriela Bravo, aseguró que le consta que las intervenciones telefónicas siempre han estado autorizadas por un juez.

La Asociación de Fiscales, de talante conservador y próxima al PP, defendió "totalmente", a través de su nueva presidenta, Pilar Jiménez, la utilización del Sitel para "investigar y prevenir la delincuencia" y lo consideró "muy útil". El presidente de la Unión Progresista de Fiscales, Emilio Sánchez Ulled criticó en declaraciones a Europa Press las acusaciones del PP al considerarlas de "una frivolidad que ya parece malsana".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 6 de noviembre de 2009