El PP considera ilegal un sistema de escuchas que contrató Rajoy en 2001

El PP denunció ayer por "ilegal e inconstitucional" el Sistema Integral de Interceptación de Comunicaciones (Sitel), un sofisticado dispositivo de pinchazos telefónicos que contrató Mariano Rajoy en 2001 como ministro del Interior, pagó María Dolores de Cospedal en 2003 como subsecretaria, puso en marcha Ángel Acebes en 2004, avaló el Tribunal Supremo en 2008 y se usa con orden judicial. Esteban González Pons, responsable de Comunicación del PP, quien evitó relacionar esta denuncia con las escuchas del caso Gürtel (hechas con Sitel), acusó a Alfredo Pérez Rubalcaba de tener "a la sociedad vigilada e interceptada".

El Sitel es un sistema informático que permite grabar todo lo que se haga por teléfono: quién llama y descuelga, el contenido de la conversación, los mensajes de texto, dónde están quienes hablan... El pinchazo lo hace la compañía telefónica, que es la que recibe la orden judicial, y deriva el teléfono al ordenador del policía encargado de la escucha. En el disco duro queda todo grabado, que se manda al juez en CD.

Pons alegó que el Gobierno del PP impulsó Sitel en 2003, pero que no lo utilizó por las dudas sobre su constitucionalidad del Poder Judicial y los ministerios de Defensa y Justicia. Y subrayó que ahora se usa "sin control" y se oculta. Rubalcaba compareció al rato en Interior para exhibir el contrato firmado en octubre de 2001, con Rajoy de ministro, con la empresa danesa ETI para crear Sitel. También mostró dos contratos, de marzo y octubre de 2003, firmados por Cospedal, en los que ETI se comprometía a tener todo listo el 30 de noviembre por 9,8 millones de euros.

"Cuando llegamos al Gobierno en 2004, Sitel ya estaba en marcha", aseguró Rubalcaba, afirmación que ayer rubricaron fuentes policiales y de la Guardia Civil. Estas últimas citaron el uso de Sitel en una operación antidroga en Pontevedra en febrero de 2004. "Todo lo que hay en el Sitel está autorizado judicialmente", reseñó Rubalcaba.

Pons también aseguró que se está interceptando "sin cobertura legal", ya que Sitel está regulado por un reglamento y una ley ordinaria pese a que las escuchas afectan a un derecho fundamental. El Supremo ya desestimó en febrero de 2008 un recurso en ese sentido de la Asociación de Internautas, cuyo presidente, Víctor Domingo, estaba ayer en el acto de Pons. La sentencia, con un voto discrepante, dice que los pinchazos los cubren la Ley de Enjuiciamiento Criminal (artículo 579) y la Ley Reguladora del Control Judicial Previo del CNI, ambas orgánicas y que implican que el pinchazo lo autorice el juez. El Supremo añade que la reserva de ley orgánica a la que obliga la Constitución (artículo 18.3) "no tiene por qué extenderse a todas y cada una de las cuestiones accesorias o instrumentales relacionadas con dichas interceptaciones". Es decir, que una ley orgánica no tiene por qué regular si se graba con un ordenador por Sitel o con magnetófonos.