Un alto cargo de Jordi Pujol pagó 2,5 millones a Luigi tras un pelotazo

La maraña de sociedades que intervienen en la trama corrupta del caso Pretoria, investigado por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, empieza a esclarecerse. El director general de Seguridad Ciudadana de Jordi Pujol entre 1984 y 1989 y ex diputado de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Lluís Renau, pagó 2,5 millones de euros a varias empresas del presunto cerebro de la trama, el ex diputado socialista Luis García Sáez, Luigi, tras un pelotazo urbanístico en Badalona en 2003.

La adjudicación irregular de un solar de Badalona en primera línea de playa se saldó, según el auto del juez, con el reparto de tres comisiones. La sociedad Badalona Building Waterfront, que acabó en manos del empresario e imputado Lluís Casamitjana, abonó 2,5 millones a la sociedad Kundry Blau Inversions, cuyos administradores eran Renau y José Schroeder, que estaba en otras sociedades de la trama. Esta sociedad, a su vez, repartió esta cantidad a varias empresas de Luigi.

Alavedra usó para sus cobros una sociedad presidida por Rafael Español

La segunda comisión que se dio por esa operación, de 1,04 millones, la cobró directamente Luigi, aunque del auto judicial se desprende que Renau luego recibió una compensación de 120.000 euros por sus gestiones. La tercera, de 1,46 millones, se la repartieron Luigi y los ex altos cargos convergentes y también imputados Macià Alavedra y Lluís Prenafeta. Renau y Luigi ya habían sido socios en dos empresas entre 1996 y 1998.

El auto de Garzón, además, menciona otra sociedad del entorno de CDC. Según el juez, Alavedra movió 1,2 millones de euros a través de la empresa Promogrup Deu, presidida por Rafael Español, ex presidente del grupo químico La Seda de Barcelona y muy cercano al ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol. Alavedra fue consejero de esta empresa hasta el pasado 30 de enero, y se quedó cerca de la mitad del dinero que captó a raíz de su presunta participación en trama. En esta sociedad patrimonial, además, participan otras conocidas familias catalanas: Albert Costafreda (Panrico), José Espona (Pastas Gallo) y el directivo del Espanyol José Suñer.

A medida que avanza la investigación judicial también se le complican las cosas al Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC). Como estaba previsto, la dirección del partido suspendió ayer de militancia al alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz; al concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco, y al director de Servicios Municipales, Pascual Vela, los tres imputados en el caso Pretoria. Además, por la tarde trascendió que un cuarto militante, Antoni Jiménez, ex concejal de Sant Andreu de Llavaneres, también fue suspendido de militancia "a petición propia", según fuentes de la dirección del partido. Las mismas fuentes aseguraron que no se le ha suspendido por figurar en el sumario de Garzón -en el que el juez lo menciona como contacto de Luigi en Sant Andreu de Llavaneres-, sino por estar imputado en otra causa pendiente que investiga un juez de Mataró. Se trata de una recalificación autorizada por Jiménez en su época como concejal de Urbanismo de Sant Andreu de Llavaneres que benefició a la constructora Proinosa, empresa presidida por otro de los imputados en el caso Pretoria. La operación urbanística permitió construir viviendas privadas en terreno destinado a zona verde.

Los socialistas tienen otro problema en el Ayuntamiento de Santa Coloma, al que ayer se reincorporó a trabajar Pascual Vela, detenido por Garzón y puesto en libertad bajo fianza el pasado viernes, informa Fermín Robles. Vela, funcionario de carrera, volvió a ocupar ayer su puesto como director de Servicios Municipales sin que el equipo de gobierno se planteara apartarle del cargo ni abrirle expediente.