Parches y retrocesos

La caída de la demanda eléctrica y el hundimiento de los precios en el mercado -en realidad, una ficción donde las empresas de generación y sus filiales de distribución acuerdan sin competencia el precio que trasladan a la tarifa- habían obligado a prescindir de la electricidad producida con carbón nacional, demasiado caro para competir con el resto de las materias primas de generación. Agobiado por las presiones de las empresas y de los mineros, el Ministerio de Industria ha aprobado un real decreto, de clara estirpe intervencionista, que obliga al operador del sistema a introducir preferentemente en la red las ofertas de electricidad generada con carbón nacional, al margen de su coste y, por tanto, del perjuicio para el consumidor. La orden implica además que la producción desplazada por esta discriminación -carbón importado y una parte del gas natural- también será retribuida, para evitar que las empresas sufran un daño comparativo. Los usuarios tendrán que pagar un coste adicional en la tarifa que difícilmente bajará de los 600 millones.

Esta norma disparatada, puesto que privilegia a la energía más cara -carbón nacional- y subvenciona a las energías más baratas, aunque no entren en operación, evidencia una vez más la esquizofrenia de la regulación energética durante los últimos años. De entrada, el uso del carbón para la generación de electricidad contradice la retórica gubernamental a favor de las energías limpias y la reducción de CO2. Constituye, además, un grave retroceso en la supuesta liberalización eléctrica, porque, una vez más, cuando el juego de la oferta y la demanda perjudica a los agentes económicos, la Administración se presta a intervenir con otro parcheo de urgencia, siempre a costa de los ciudadanos. Y, por si lo anterior fuera poco, abre un nuevo riesgo de enfrentamiento con la Comisión Europea.

La gestión de la política energética no ha mejorado la nefasta etapa de las legislaturas del PP, cuando la legislación estaba en connivencia objetiva con los intereses de las grandes compañías eléctricas. Tiene casi todos los frentes abiertos, como la definición de la estructura energética para los próximos 10 años, el control de las burbujas en algunas de las energías renovables o la liberalización del mercado. El equipo energético sólo muestra agilidad cuando se trata de imponer intervenciones intempestivas.