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Análisis:
Análisis
Exposición didáctica de ideas, conjeturas o hipótesis, a partir de unos hechos de actualidad comprobados —no necesariamente del día— que se reflejan en el propio texto. Excluye los juicios de valor y se aproxima más al género de opinión, pero se diferencia de él en que no juzga ni pronostica, sino que sólo formula hipótesis, ofrece explicaciones argumentadas y pone en relación datos dispersos

No es personal, son negocios

Hace tiempo, invadidos por el romanticismo, teníamos al amor o a los líos de faldas, como se solían llamar, por el motor de la actuación de los hombres. Tanto es así que para hallar la explicación de su conducta se puso de moda la frase, naturalmente en francés por aquello del glamour, cherchez la femme.

Olvidados los viejos buenos tiempos, Garganta profunda, la célebre fuente que orientó a los reporteros Bob Woodward y Carl Bernstein por las procelosas aguas del caso Watergate que acabó costando el puesto al presidente de Estados Unidos Richard Nixon, expuso la nueva clave de toda intriga y sentenció: "Sigue el dinero".

Una variante de este mismo principio utilizó el personaje de Michael Corleone en El Padrino para justificar la eliminación de un rival: "No es personal, son negocios".

¿Qué hubiera pasado si el defensor de Merino no fuera el vicedecano de los abogados de Madrid?

La anunciada querella del Colegio de Abogados de Madrid por delito de prevaricación contra el juez Baltasar Garzón y las fiscales anticorrupción Concha Sabadell y Miriam Segura por vulnerar el derecho de defensa en relación con la intervención de las comunicaciones entre los principales imputados del caso Gürtel, la trama de corrupción que afecta al PP, y sus abogados no parece responder a móviles altruistas, sino a proteger el negocio.

Las reacciones desproporcionadas suelen provocar el efecto contrario al perseguido y, que se recuerde, el Colegio de Abogados de Madrid no interponía una querella contra nadie desde la matanza de Atocha, hace más de 30 años, en la que fueron asesinados cinco de sus letrados.

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El caso es que la ley es igual para todos. O así debería ser y, especialmente en casos de tráfico de drogas y blanqueo de dinero, así como en determinados delitos económicos, suele ocurrir que los acusados intentan seguir dirigiendo el negocio desde la cárcel utilizando a sus abogados. Para prevenir la continuidad del delito la ley pone a disposición de los jueces la posibilidad de escuchar las conversaciones entre los presos y sus abogados.

El artículo 51 de la Ley General Penitenciaria lo deja muy claro. "Las comunicaciones de los internos con el abogado defensor (...) no podrán ser suspendidas o intervenidas salvo por orden de la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo". No quiere decir que sólo es aplicable a los casos de terrorismo, sino que en esos supuestos ni siquiera era necesaria la autorización del juez, bastaba con la del director de la prisión, extremo que posteriormente fue corregido por la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso del abogado de etarras Txemi Gorostiza. Esa sentencia exigía también autorización judicial.

Lo que ocurre es que la intervención de las comunicaciones tiene el propósito de evitar nuevos delitos y, por tanto, deben excluirse del sumario las conversaciones relativas a la estrategia de defensa. El hecho de que algunas de ellas figuren en el sumario de la Operación Gürtel y que los medios de comunicación hayan conseguido acceder a ellas y publicarlas es una notable irregularidad, que sin duda determinará la nulidad de esas pruebas y de todo lo que de ellas se derive.

Por ello, es razonable que el Colegio de Abogados de Madrid otorgue el amparo a sus colegiados, pero de ahí a que presente una querella contra el juez y las fiscales de un procedimiento que sigue vivo y que, por coherencia, deberá hacer extensiva al juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira que ahora instruye la causa y prorrogó la medida, es como lanzar la bomba atómica porque te han pisado un callo.

Lo que lleva a preguntarse si la reacción hubiera sido la misma si el vicedecano de los abogados madrileños, el catedrático Luis Rodríguez Ramos, no hubiera sido el defensor de uno de los principales implicados en la trama de corrupción, el diputado popular Jesús Merino, y los más importantes bufetes del país no estuvieran personados en la causa esperando hacer caja. Varias asociaciones de jueces y fiscales se han apresurado a defender a los suyos calificando la medida del Colegio profesional de "gremialista, infundada y corporativista" y han augurado poco futuro a la querella.

Tranquilos todos, no se exciten. Ya saben, no es personal, son sólo negocios.

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