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Luigi convirtió la empresa pública Gramepark en su coto particular

La sociedad tiene un agujero contable de 85 millones y un presupuesto de 60

El presunto cerebro de la trama de corrupción urbanística destapada con la Operación Pretoria, el ex diputado socialista Luis García Sáez, Luigi, logró lo que a la mayoría de los ediles de Santa Coloma de Gramenet siempre se les antojó imposible: controlar la empresa pública de servicios Gramepark. Los grupos municipales de CiU e ICV nunca lograron arrancar al alcalde, Bartomeu Muñoz (en prisión), un cargo medio que pudiera estar al corriente de las adjudicaciones de la sociedad, tampoco cuando gobernaron. Según el auto del juez, Luigi sí consiguió "dirigir la actuación" del presidente de la empresa, que hoy tiene un agujero contable de 85 millones de euros y desde 2003 ha adjudicado contratos por 30 millones a Proinosa, presidida por el empresario también detenido Josep Singla.

Un concejal de la trama dirigió otra polémica recalificación

Gramepark, que canalizaba la adjudicación de obras públicas, es una de las piezas clave de la investigación. La sociedad era, según el auto, la plataforma en torno a la cual se efectuaron varios supuestos delitos: desde adjudicaciones irregulares hasta supuestas falsificaciones de facturas para justificar desvíos de fondos.

Gramepark nació en 1988 para construir aparcamientos. Dos décadas después, es un gigante que adjudica bloques de pisos, equipamientos, calles, plazas y escaleras mecánicas. La oposición de Santa Coloma (CiU, ICV y PP) ha visto con preocupación su crecimiento "desmesurado". Las obras que antes licitaba el Ayuntamiento ahora las adjudica la empresa. "Tiene un presupuesto de 60 millones, cuando el consistorio cuenta con 80", explica el portavoz de CiU, Manel Olivés.

Los concejales de la oposición se quejaban reiteradamente de que la empresa realizaba las adjudicaciones, sin motivo, por vía de urgencia y sin concurso. El auto de Garzón señala, además, que la sociedad actuaba al dictado de Luis García Sáez, Luigi, en las adjudicaciones de obras.

Por otra aparte, Antonio Jiménez, investigado por sus contactos con Luigi, no sólo ha trabajado para dos municipios en los que ha habido sendos pelotazos. Además de ser concejal de Urbanismo en Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona) y gerente del Instituto de Deportes de Santa Coloma, Jiménez fue también director de Política Territorial de Montcada i Reixac.

Entonces se aprobó una polémica modificación urbanística que permitió trasladar la fábrica Barnices Valentine del centro de la localidad a una zona verde adjunta a un polígono de la periferia. Jiménez fue impulsor de esta operación, defendida por el Gobierno de Montcada (PSC-CiU) y por el Gobierno catalán, pero que sulfuró al pueblo colindante de La Llagosta y a los empresarios del polígono que habían cedido terreno para la zona verde. El Tribunal Superior de Cataluña ha declarado nula dos veces la reclasificación de la zona verde, decisión que ha sido a su vez recurrida por Montcada y la Generalitat.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 2 de noviembre de 2009