Un juez de Mataró indaga otra operación de Proinosa en Llavaneres

Los juzgados de Mataró investigan una operación urbanística en unos terrenos del centro de Sant Andreu de Llavaneres adquiridos por la inmobiliaria Proinosa, presidida por el constructor Josep Singla, inculpado en el caso Pretoria. En la operación intervino el ex concejal de Urbanismo de esa localidad, Antonio Jiménez (PSC), a quien el auto del juez Garzón atribuye una "estrecha relación" con el cerebro de la trama del caso Pretoria, el ex diputado socialista Luis García Sáez, en prisión provisional.

El caso que tramitan los juzgados de Mataró fue denunciado por la plataforma ciudadana SOS Llavaneres, la misma que llevó a la justicia la operación que ha sido reclamada ahora por el juez Garzón. Jiménez, ex regidor de Urbanismo de Sant Andreu de Llavaneres, declaró como imputado en los juzgados de Mataró asistido por Fermín Morales, el abogado que defiende al alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, en prisión provisional por el caso Pretoria. En Mataró se investiga un contrato firmado el 10 de julio de 2006 entre Proinosa y el Ayuntamiento de Sant Andreu de Llavaneres.

Polideportivo

La promotora adquirió 16.000 metros cuadrados de un terreno de titularidad municipal muy bien situado -en el centro de la localidad- y ocupado por varias instalaciones deportivas públicas: un campo de fútbol, piscinas y un polideportivo. Esa superficie se recalificó como suelo edificable para construir vivienda de mercado libre, la reserva obligatoria de social y una plaza. El precio fue de cerca de 14 millones de euros, una cantidad muy por debajo del precio de mercado, en opinión de SOS Llavaneres. El contrato establecía la forma de pago: Proinosa correría a cargo con el coste de una nueva zona deportiva en otro punto de la localidad y la gestionaría en régimen de concesión durante 50 años, y el resto -que no se determina- se pagaría en el momento de la escritura. De la nueva zona deportiva sólo se ha construido el campo de fútbol. Los denunciantes no entienden el porqué de una operación que resulta "claramente desventajosa para la administración municipal", apuntaba Josep Ruiz, de la plataforma SOS Llavaneres. Esta agrupación, entre otras cosas, mantiene una actitud crítica hacia el desarrollo urbanístico de la localidad.