Reivindicación de la política

Reivindicar hoy la política tiene el riesgo de parecer idiota. Aun así, vale la pena arriesgarse. Cuando todavía no habíamos digerido el escándalo del Palau de la Música, la Guardia Civil detiene al alcalde de uno de los ayuntamientos clave del poder municipal del PSC y a dos hombres de peso del pujolismo. En plena crisis económica, con el futuro oscureciéndose para muchas familias y empresas, aparece la podredumbre de nuestro sistema político. El desánimo y el distanciamiento de la cosa pública es la reacción primera más comprensible, pero debemos salir del bucle de melancolía y exigir a nuestros representantes que actúen si no quieren verse arrastrados por el desprecio ciudadano, por la desafección en forma de abstención o de apoyo a excentricidades populistas más o menos peligrosas, fáciles de enraizarse en la crisis económica.

Los partidos difícilmente tomarán decisiones contrarias a su opacidad si los ciudadanos no las exigen

No sirve ya hablar de la ética de la política y de los servicios prestados en los inicios democráticos, ni sirve escudarse en que Rosseau era un ingenuo y en que la naturaleza humana tiende al pasteleo. Tampoco sirve aludir al examen de las urnas, como si en cada elección el voto hastiado de los ciudadanos significara un cheque en blanco para que todo continúe igual.

El momento político exige valentía, para hacer política y no electoralismo, para tomar decisiones que acerquen los partidos a la realidad social si se quiere que sobrevivan y no se perciban únicamente como oficinas de colocación, que premian la obediencia, la uniformidad y la mediocridad. Las listas abiertas y la apertura de la elección de los candidatos serían medidas útiles. También lo sería afrontar la necesidad de transparencia en la financiación.

Los partidos se regulan por una ley aprobada hace dos años, de la que lo mejor que se puede decir es que peca de bienintencionada. Dice la ley que la libertad de los partidos políticos quedaría perjudicada "si se permitiese como fórmula de financiación un modelo de liberalización total, ya que, de ser así, siempre resultaría cuestionable la influencia que en una determinada decisión política hubiesen podido ejercer las aportaciones procedentes de una determinada fuente de financiación". A nadie se le escapa que eso es lo que no hemos conseguido que deje de ocurrir y tampoco gozamos de transparencia. También dice la ley que las donaciones privadas no pueden ser condicionadas ni se pueden recibir recursos de organismos o entidades públicas. Tampoco se pueden percibir donaciones, directa o indirectamente, de empresas que contraten con la Administración, aunque en una disposición adicional se permite que las donaciones se apliquen a fundaciones o asociaciones vinculadas orgánicamente a los partidos.

Si la ley es insuficiente, sobran organismos de control, aunque falta eficacia. El Tribunal de Cuentas actúa con lentitud y la Sindicatura de Cuentas halló irregularidades en el Palau y en la gestión de Bartomeu Muñoz al frente del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, pero no se siguió la pista. La prometedora Oficina Antifraude todavía está en obras. Tuvo que ser el Consejo de Europa el que denunciara en mayo la opacidad de las cuentas de los partidos en España.

Las tentaciones de minimizar o generalizar las malas prácticas no son democráticamente sanas. El presidente Pujol hablaba esta semana de "prendre mal" si se investigan y publican las irregularidades, sembrando una sombra de duda sobre el conjunto del sistema político y todos los que participan en él. Un importante representante de Convergència se preguntaba ayer en privado qué pasaría en Cataluña si se descubriera un escándalo como el de los abusos de las dietas del Parlamento de Westminster. Depende de la sociedad catalana que ello se tolere, pero nuestra democracia es mucho más frágil que la británica. Nuestra democracia está en construcción y no podemos permitirnos relativizar.

Los partidos difícilmente tomarán decisiones contrarias a su opacidad si los ciudadanos no las exigen. El nivel de intolerancia social es fundamental para marcar lo que se puede hacer o no en el espacio público y defender así la política.