La mancha se extiende

El chaparrón de la corrupción se extiende como una mancha de aceite por toda la geografía española. Al caso Gürtel que afecta a la Comunidad Valenciana, Madrid, Galicia y Castilla y León, se han sumado Baleares -con el asunto Munar- y Cataluña, con el saqueo del Palau de la Música y ayer todavía otro nuevo episodio: la detención en Barcelona de ocho personas en relación con un supuesto caso de tráfico de influencias, blanqueo de capital y cohecho en Santa Coloma de Gramenet, al parecer por unos 20 millones de euros. El actual alcalde socialista de la localidad del cinturón barcelonés -Bartomeu Muñoz- y dos ex altos cargos de la Generalitat pujolista -Macià Alavedra y Lluís Prenafeta- están a la espera de prestar declaración ante el juez Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional.

Los nombres de Alavedra -ex consejero de Gobernación, Industria y Economía y Finanzas de la Generalitat- o el de Prenafeta -secretario de Presidencia y mano derecha durante años de Pujol- no son unos desconocidos en los tribunales. Prenafeta, que ha llegado a estar imputado en varios, siempre ha salido indemne, aunque en alguno de los casos hubiera, según el juez, "aromas de corrupción". Alavedra simplemente ha sido citado a declarar en un caso como el de la extorsión a empresarios catalanes que practicaba el juez Luis Pascual Estevill, vocal del Consejo General del Poder Judicial nombrado a propuesta de CiU. La detención de ambos -ahora ya convertidos en hombres de negocios sin aparente vinculación directa con el actual núcleo dirigente de Convergència- no ha sorprendido. Caso distinto es el del alcalde de Santa Coloma, un socialista sui géneris, que reside en el corazón de la Barcelona burguesa y ejerce su cargo político en una ciudad de la periferia obrera.

La reacción del Partit dels Socialistes de Catalunya ha sido fulminante en tiempos en que otros partidos -el PP con Gürtel y CDC con la financiación de la Fundación Trias Fargas con dinero del Orfeó Català- se toman el tiempo que necesitan y más antes de adoptar medidas. El PSC ha anunciado, al poco de conocerse las detenciones, la suspensión temporal de militancia y la creación de una gestora en Santa Coloma hasta que el juez decida el grado de inculpación de tres de los detenidos que están afiliados al partido. Convergència, siguiendo su línea habitual, ha pedido respeto a la presunción de inocencia y sostiene que no tomará medidas contra simples afiliados.

Nada es edificante en este nuevo caso de corrupción, que ha surgido tirando del hilo de las cuentas que, al parecer, Alavedra y Prenafeta tenían en el BBVA Privanza de las islas Jersey. Con la crisis económica que azota al extrarradio barcelonés -Santa Coloma tiene un paro de más de un 15% con una población de casi 120.000 habitantes-, el incremento de la desafección política y de la desconfianza hacia partidos e instituciones es la consecuencia predecible de esta mancha de corrupción que va extendiéndose a ojos vista.