Zarpazo a la corrupción en Cataluña
Detenidos el alcalde de Santa Coloma de Gramenet, socialista, y dos ex altos cargos de Pujol - Garzón investiga una trama de sobornos en municipios de Barcelona
Operación judicial sin precedentes contra la corrupción en Cataluña. La Guardia Civil detuvo ayer a ocho personas acusadas de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales por su implicación en varias operaciones urbanísticas desarrolladas o previstas en el municipio barcelonés de Santa Coloma de Gramenet (117.000 habitantes). Los arrestados son dos ex altos cargos de los gobiernos de Jordi Pujol, el alcalde socialista de esa ciudad, dos cargos municipales y tres empresarios de la construcción.
La operación fue ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón e incluyó la práctica de una decena de registros. El más importante fue el del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, donde la Guardia Civil entró sobre las diez de la mañana y en unos minutos bloqueó el ordenador central del Consistorio.
Las mordidas por la recalificación de un terreno centran la investigación
El juez imputa cohecho, blanqueo de capitales y tráfico de influencias
El origen del caso es una pieza separada, abierta en 2006, de una causa abierta en 2002 a directivos del Banco Bilbao Vizcaya por utilizar su filial Privanza como paraíso fiscal en la isla británica de Jersey.
Entre los detenidos figuran dos ex altos cargos de los gobiernos de CiU: Macià Alavedra, que fue consejero de Gobernación y Economía con Jordi Pujol, y Lluís Prenafeta, secretario general de la presidencia de la Generalitat durante casi diez años. Prenafeta dimitió en 1990, cuando la fiscalía de Barcelona le investigó por compatibilizar el cargo público con su actividad empresarial.
También han sido arrestados el alcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz; el concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco, y el director gerente de servicios del Ayuntamiento, Pascual Vela. Los otros tres detenidos son el constructor Josep Singla, presidente de Proinosa; Lluís Casamitjana, presidente del grupo inmobiliario Espais, y Luis García Sáez, ex propietario del grupo constructor AGT. Los arrestados fueron conducidos al cuartel de la Guardia Civil de Sant Andreu de la Barca, donde está previsto que declaren hoy.
La investigación judicial abarca varias operaciones urbanísticas en Santa Coloma. La de mayor calado se refiere al centro comercial Gramenet. Su origen data de 2002, cuando, siendo alcaldesa de la localidad la socialista Manuela de Madre, salió a subasta un solar público por el que se pagaron 12 millones de euros.
El terreno fue revendido a otra sociedad en 2004, cuando el detenido Josep Singla era administrador de la sociedad Centre Comercial Gramenet SL.
Es con la llegada de Bartomeu Muñoz a la alcaldía cuando se producen los hechos que ahora investiga la justicia. Los nuevos propietarios firmaron en 2005 un convenio con el Ayuntamiento que modificó los usos: fueron construidos un geriátrico, 77 viviendas de protección oficial y 33 de lujo, además del centro comercial y una zona verde. Según fuentes de la investigación, Luis García Sáez es la pieza que engarza a los inversionistas con los responsables municipales -que presuntamente cobraron sobornos a cambio de recalificar el suelo-, y en su despacho se planificó el convenio con el Ayuntamiento que benefició a Proinosa y a Espais.
Otras operaciones urbanísticas de menor calado que investiga la justica son la segunda fase del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de Santa Coloma de Gramenet -que prevé construir una nueva área comercial y un edificio de 13 plantas en la plaza del Ayuntamiento- y un aparcamiento de 400 plazas.
La sociedad Construcciones y Promociones Ortega, encargada de desarrollar ese PERI, también fue registrada ayer por la Guardia Civil. Y los agentes se incautaron de abundante documentación de la sociedad municipal Gramepark, encargada de gestionar los aparcamientos municipales.
La Guardia Civil acudió, por otra parte, a los ayuntamientos de Sant Andreu de Llavaneres y de Badalona para reclamar los convenios suscritos con las empresas Proinosa o Espais, informa Maiol Roger.
LOS BRAZOS EJECUTORES DE PUJOL EN LA GENERALITAT
- Macià Alavedra i Moner, el eterno consejero. Siempre se le ha considerado uno de los máximos exponentes del llamado "sector negocios" de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Hijo del que fuera secretario de los presidentes de la Generalitat republicana, Francesc Macià y Lluís Companys, Alavedra (Barcelona, 1934) tiene una larga militancia en el nacionalismo. Primero lo hizo en el Front Nacional y después, de la mano del liberal Ramon Trias Fargas, en Esquerra Democràtica de Catalunya, partido que acabó fusionándose con CDC. Ocupó las consejerías de Gobernación, Industria y Economía y Finanzas hasta 1997. Su nombre se barajó incluso como sucesor de Jordi Pujol, en caso de que hubiera progresado la querella contra éste por el caso Banca Catalana. En su etapa de consejero de Economía fue citado a declarar en calidad de testigo en el proceso contra el juez Luis Pascual Estevill, que extorsionaba a empresarios catalanes y a quien Jordi Pujol acabó encumbrando en el Consejo General del Poder Judicial. El nombre de Macià Alavedra también estuvo vinculado al pacto del hotel Majestic con el PP, que dio la presidencia del Gobierno a José María Aznar en 1996. Desde que dejó la política fue presidente de la concesionaria de autopistas Aucat, Abertis Logística y Ken Pharma.
- Lluís Prenafeta, la mano derecha de Pujol. "Los cínicos, los mentirosos, los calumniadores, los conspiradores, los intrigantes (...) me producen un asco inmenso", aseguraba en 1990 Lluís Prenafeta (Ivars d'Urgell, Lleida, 1939) en un testamento que leyó ante un grupo de periodistas al dimitir como secretario general de la Presidencia por la apertura de una investigación fiscal. Estuvo implicado en diversos casos judiciales. Simultaneó su cargo en la Generalitat -donde actuó como mano derecha de Pujol- con el de consejero de Iberia Seguros, mientras estaba estrechamente vinculado al grupo Tipel. Actuó como contrapoder a Miquel Roca en CDC desde que Jordi Pujol lo conoció en 1979 y lo fichó como colaborador. Fue imputado por el caso Grand Tibidabo con Javier de la Rosa, y en el caso Casinos, de financiación de CDC. Nunca fue condenado.
EL REGIDOR DEL MERCEDES Y EL DIPUTADO PASADO A EMPRESARIO
- Bartomeu Muñoz: del campo de golf al cinturón rojo. Hijo del potentado Blas Muñoz, último alcalde franquista de Santa Coloma de Gramenet, y al que todos conocían como el hombre de los mil pisos, el edil detenido ha sido siempre un alcalde atípico para el PSC. La dirección del partido lo nombró casi a dedo en 2002 tras la renuncia por enfermedad y a medio mandato de Manuela de Madre, la alcaldesa histórica de Santa Coloma y vicepresidenta del partido. Acostumbrado a vivir en la zona alta de Barcelona, siempre rechazó trasladarse a Santa Coloma, en pleno cinturón rojo barcelonés, lo que le valió más de un reproche en el partido. Y de camino entre su residencia del Turó Parc hacia el despacho de Santa Coloma tenía tiempo más de una mañana para acercarse al club de golf de Sant Cugat del Vallès para jugar unos hoyos. Después, al llegar a Santa Coloma, aparcaba su Mercedes en las afueras y se hacía llevar al ayuntamiento con un coche municipal. Hacía poca vida social en Santa Coloma más allá de asistir a los actos estrictamente relacionados con su condición de alcalde. Todo ello había levantado ciertas suspicacias en el ayuntamiento, pero Muñoz seguía recibiendo amplio apoyo ciudadano. En las elecciones de 2007 ganó por arrolladora mayoría y le sacó más de 30 puntos al PP. Ayer cambió su Mercedes por el coche de la Guardia Civil.
- Luis García Sáez: el constructor sin escrúpulos. Su nombre saltó a los diarios hace ahora diez años, cuando la constructora AGT que presidía suspendió pagos y dejó sin pagar una ristra de trabajos por obras adjudicadas en el área metropolitana de Barcelona. Los perjudicados se querellaron, pero Luigi, que es como se le conoce a Luis García Sáez, salió airoso sin ni siquiera sentarse en el banquillo, pero el caso le costó la expulsión del PSC. A partir de entonces continuó con su actividad empresarial, pero antes abandonó por completo la actividad política, que data de 1973, cuando se afilió a la federación catalana del PSOE. Tras doce años en el Parlament de Cataluña, en 1992 abandonó el escaño. Desde entonces no tuvo reparos en aliarse con el sector de los negocios de Convergència, del que Lluís Prenafeta y Macià Alavedra eran dos claros exponentes.
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