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La UE busca blindar el tratado frente a nuevas demandas

La justicia checa estudiará mañana la constitucionalidad del texto

Andreu Missé

Esta semana será decisiva para ver si se eliminan los obstáculos que mantienen paralizada la modernización institucional de la Unión. El Consejo Europeo, la llamada cumbre de líderes, que se reúne los próximos 29 y 30 de octubre, intentará acordar la declaración que exige el presidente checo, Václav Klaus, para firmar el Tratado de Lisboa. Klaus quiere la derogación de la Carta de los Derechos Fundamentales, vinculada al Tratado, para evitar que los alemanes expulsados de los Sudetes tras la II Guerra Mundial puedan reclamar sus propiedades. Aunque ya existe un principio de acuerdo, los líderes europeos temen que la cesión a Praga provoque la demanda de nuevas excepciones, como la formulada ya por el primer ministro eslovaco, Robert Fico.

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Los jefes de Estado o de Gobierno de los Veintisiete necesitan asegurar primero la firma de Klaus, para que el Tratado entre en vigor, antes de meterse en harina con los nombramientos de la nueva Comisión, el presidente permanente y el Alto Representante de la Unión. La cuestión de los nombres será también objeto de análisis en las reuniones previas del Partido Popular Europeo y Partido Socialista Europeo. La cumbre intentará también alcanzar un acuerdo sobre la ayuda que aportará la UE a los países en desarrollo para financiar sus planes contra el cambio climático.

Las expectativas del Consejo Europeo están en buena medida condicionadas por la decisión que adopte mañana el Tribunal Constitucional checo sobre el recurso presentado por 17 senadores del partido fundado por Klaus. El recurso pide un pronunciamiento sobre la compatibilidad del nuevo tratado con la Constitución checa. El tribunal ya falló hace un año que no había incompatibilidad alguna. Los jueces podrían decidir mañana que al tratarse de "cosa juzgada" no admiten a trámite el nuevo recurso. Fuentes jurídicas comunitarias manifestaron, no obstante, que preferían que el tribunal entrase en el fondo y resolviera rápidamente, para acabar de una vez con el litigio.

El problema que suscita la declaración exigida por Klaus es que pueda provocar nuevas excepciones. El primer ministro eslovaco, Robert Fico, ya ha advertido: "Tenemos solamente dos opciones. Nosotros vetaremos la propuesta checa en el Consejo Europeo o insistiremos en que se aplique también en Eslovaquia". El presidente del Parlamento Europeo, Jerzy Buzek, reconoció que esta nueva demanda representaba "un obstáculo adicional".

La renovación institucional más urgente empieza por la Comisión Europea, cuyo mandato termina el 31 de octubre. A partir de esta fecha, el Ejecutivo comunitario actuará sólo para gestionar "los asuntos corrientes", con los poderes para plantear iniciativas legislativas muy disminuidas.

El recién reelegido presidente del Ejecutivo comunitario, José Manuel Durão Barroso, expresaba esta semana en la Eurocámara su preocupación por los retrasos en el nombramiento de la nueva Comisión. "Debemos", dijo, "hacer todo lo que podamos para tener una Comisión de acuerdo con el Tratado de Lisboa". Aunque los nombramientos sean objeto de debate en el encuentro de finales de octubre, parece cada vez más probable la convocatoria de una cumbre extraordinaria para mediados de noviembre, para dedicarla a la designación de los nuevos comisarios, del presidente y el Alto Representante. El Parlamento ya tiene previsto votar a la nueva comisión a principios de diciembre. La elección de los futuros mandatarios estará muy determinada por los acuerdos entre los grandes países, especialmente Alemania, Francia y Reino Unido.

El presidente checo, Václav Klaus, el pasado día 9 en Praga.
El presidente checo, Václav Klaus, el pasado día 9 en Praga.AFP

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