A la calle tras toda una vida en la misma empresa

En el último año y medio los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) aprobados en Galicia han dejado a más de 2.500 trabajadores sin empleo. Braulio Torrado (53 años) es uno de ellos. Trabajó en Vigo como empleado de mantenimiento en Copo Ibérica, una auxiliar del automóvil. Asegura que para los 18 trabajadores de los que prescindió la empresa el despido fue "totalmente inesperado", ya que aunque había "rumores de que a la empresa le sobraba gente, nunca se habló de números". Su último día salió del turno de noche, durmió unas horas y lo despertó una llamada solicitando su presencia inmediata en la empresa. "Pensé que habría alguna emergencia", recuerda.

Tampoco se lo esperaba Soledad Lameiro, coruñesa de 45 años que, aún sabiendo que Caramelo había sufrido cierto declive, contaba con que fuese "sólo una fase más". A lo largo de sus 23 años en la empresa aprendió a reconocer los altibajos, si no por medio de números a los que no tenía acceso, sí por la cantidad de trabajo y empleados. "Se hablaba de números rojos, pero el director repitió muchas veces que no habría ERE, que antes se despediría él mismo", recuerda, y añade: "Se marchó, pero después de echarnos a los 237".

"El director de Caramelo juró que se despediría antes de hacer un ERE"

Pebosa debe a sus canteros cinco meses de sueldo y la indemnización

La crisis es sólo un pretexto, se aprovecha para recortar personal

Para Sara Vieiros (46 años), de la cantera Pebosa, en Quiroga, y Manuel Pérez (53), ex trabajador de la antigua fábrica de Valeo en O Porriño, el cierre de sus respectivas empresas fue, si no bien recibido, al menos esperado. "Entré con 16 años porque en mi casa no había dinero. Entonces se vendía todo, pero ahora el 90% de la pizarra iba para la escombrera", explica la cantera.

La que tenía literalmente los días contados era la fábrica porriñesa, donde Manuel empezó hace cuatro años tras el cierre de la fábrica de Valeo en Ourense, en la que trabajaba desde 1977. Aceptó la oferta hecha a 30 trabajadores para continuar en O Porriño, a sabiendas de que la auxiliar automovilística abandonaría también estas instalaciones en uno o dos años.

Mientras trabajó en Pontevedra, Manuel salía de casa a las cuatro y media de la mañana y, entre viajes y jornada laboral, regresaba casi 12 horas después. "Fueron años muy duros, pero en ese momento lo que quería era trabajar, no una indemnización", afirma. Esa indemnización la percibe ahora, retirado de acuerdo con los términos que firmó con Valeo cuando aceptó el traslado, que le garantizaban la prejubilación a los 55 tras el cierre de la nave en O Porriño. Las compensaciones económicas de los demás trabajadores procedieron de Cableados Auto, la sociedad creada -con la ayuda de 600.000 euros procedentes de la Xunta- en diciembre de 2008 por Cablerías Conductoras, empresa que había comprado la nave seis meses antes. Tres semanas después, presentaba un ERE a los trabajadores el día que empezaban las vacaciones de Navidad. Las indemnizaciones se cubrieron en buena parte con la suma que pagó Viza Automoción por la nave, flanqueada desde hace años por dos suyas.

A pesar de pertenecer al mismo sector, el cese de Braulio fue totalmente distinto. Copo Ibérica no pactó prejubilaciones con empleados que, como él, pasaban de los 50 años y llevaban más de 30 en la empresa. La oferta final consistió en dos pagos de 42.000 euros, el primero directo y el segundo una vez se comprometieran a no emprender acciones legales contra el Grupo Copo. Braulio fue uno de los tres trabajadores que rechazaron el acuerdo. Por antigüedad, de probarse el despido improcedente les correspondería una indemnización de hasta 150.000 euros. "Pagaron los despidos de los demás con lo que nos debían a nosotros", asegura. Tras un juicio nulo, en un segundo pleito el juez no aceptó ni los documentos del registro mercantil ni el informe pericial que probaban que los problenmas económicos de Copo Ibérica no justificaban los despidos y falló a favor de la empresa.

Económicamente, los más perjudicados son los 120 trabajadores a los que, como a Sara, las canteras de Quiroga les deben cinco meses de sueldo más la compensación por rescinsión de contratos. Aún así, ella no culpa a la cantera: "Le estoy muy agradecida porque me dio de comer todos estos años. Si no vendía, ¿qué iba a hacer?". En su opinión, la responsabilidad recae en "los gobernantes" por no ayudarles a salir del bache. "Escribí cartas a varios políticos de la Xunta. Casi todos me contestaron, aunque luego no hiciesen nada", explica.

Para los demás, la crisis no es una excusa válida y el deseo por incrementar los beneficios es el auténtico culpable. Según Julio, Copo los echó no porque sobrasen, sino para sustituirlos por "mano de obra más barata".

Con su ERE, Caramelo se deshizo del personal de confección. "La intención era eliminar la producción y deslocalizar", protesta Soledad, que asegura que desde que traían la ropa de fuera dedicaban "jornadas enteras a arreglar desperfectos".

Salvo Manuel, prejubilado, los demás deben afrontar el paro tras toda una vida dedicada a una empresa, perdidos en el limbo del que habla Braullio: "Demasiado joven para retirarme, demasiado mayor para trabajar".