Agricultura intenta desactivar las protestas que prepara el campo
Responsables del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino han iniciado conversaciones con las organizaciones agrarias para analizar la situación del sector y plantear posibles medidas de apoyo. Estos contactos tienen como telón de fondo la convocatoria de paro general en el campo y la protesta en Madrid, los días 20 y 21 de noviembre. Las movilizaciones por la pérdida de renta en el sector han sido convocadas por las organizaciones agrarias Asaja, UPA y Coag y apoyadas por las cooperativas agroalimentarias.
El ministerio reconoce la caída de ingresos y activos y el aumento de los costes de producción, pero en unos porcentajes muy inferiores a los señalados por los sindicatos, que al margen de porcentajes, consideran que el problema es que el sector agrario está desmotivado y el mundo rural, en desbandada.
La pasada semana, el secretario de Estado de Medio Rural, José Puxeu, se reunió con representantes de Asaja, de Coag y de las cooperativas, y para hoy está previsto un primer encuentro con el secretario general de UPA. Pese a esos contactos, las organizaciones afirman que la protesta no hay quien la pare.
El ministerio no ha presentado ninguna nueva propuesta concreta para dar respuesta a sus reivindicaciones en materia de fiscalidad, costes de producción, clarificación de la cadena alimentaria, vertebración del sector agrario y papel de la interprofesional como instrumento para pactar ingresos. Frente a la reciente decisión de Competencia de imponer sanciones por posibles pactos de precios, el ministerio ofrece solamente un seminario entre el sector agroalimentario y Economía para debatir la situación.
La Administración agraria se muestra dispuesta a abrir las mesas de trabajo que sean necesarias, pero sin aportar ningún planteamiento. El ministerio ha ofrecido a las organizaciones consensuar la propuesta española de agricultura para la próxima presidencia comunitaria, en el primer semestre de 2010. España propugna el mantenimiento de la Política Agraria Común, así como conservar e incluso potenciar mecanismos para una mejor regulación de los mercados y evitar la situación actual de precios volátiles y cotizaciones hundidas por los excedentes.
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