Por encima de toda sospecha

El inspector jefe de la brigada de homicidios asesina a su amante el mismo día en que pasa a dirigir la oficina política de la Jefatura de Policía. Pacientemente y en su delirio autodestructivo, va dejando pruebas que le incriminan, pero sus compañeros las desprecian. El inspector acaba enviando una carta de confesión. El corolario del filme es un indulgente y paternal tirón de orejas del ministro de Interior al asesino. Así acaba Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, que fue llevada al cine por Elio Petri. Logró el Oscar a la mejor película de habla no inglesa en 1970. En España, lógicamente, la película no fue estrenada hasta 1976, ya en los estertores del franquismo, cuando comenzaban a respirarse aires de libertad. Justamente en aquellos momentos, el ex presidente del Palau de la Música Fèlix Millet respiraba inseguridad y, por ello, abrió una cuenta bancaria preconstitucional en Suiza. Eran tiempos agitados y había que vacunarse ante una eventual victoria en las urnas del todavía ilegal comunismo. Eso al menos fue lo que Millet contó el pasado lunes al juez Juli Solaz, que instruye la causa por el saqueo del coliseo modernista.

La lentitud en la justicia y los convenios poco transparentes son elementos criticables en democracia

Desde que la querella de la fiscalía por el caso Palau fue admitida a trámite, el pasado mes de junio, ni las viviendas propiedad de Millet han sido registradas, ni sus cuentas bancarias en España intervenidas. Tampoco se han dictado medidas especiales porque no existe peligro de que los imputados destruyan pruebas. Si del juez depende, no habrá investigación sobre Millet ni sobre su mano derecha, Jordi Montull, por malversación de fondos. La instrucción judicial no va a llegar, de momento, a los partidos políticos. ¿Hay algo más natural que una asociación de cantantes (el Orfeó Català) haya destinado 630.000 euros de origen más que incierto a la fundación de CDC? ¿Qué sospechas puede levantar que el último Gobierno de Pujol haya favorecido a 28 empresas que hicieron donaciones a la Trias Fargas?

Este diario desveló ayer que las auditorías del consorcio del Palau (dinero público) ya advertían al último Gobierno de CiU (2001-2002) de un desvío de más de 500.000 euros escasamente justificado entre el consorcio de administraciones y el Orfeó. Y aseguraban que Millet tenía poderes de firma en el consorcio. ¿Cómo dudar de un ciutadà que ens honora como él? ¿Con qué motivo ampliar la investigación? Hay que ser pacientes y, sobre todo, no molestar a los jueces. Ni criticarlos. Ni a Solaz ni a otros.

Esta misma semana, Los Albertos -Cortina y Alcocer- han decidido retirar ante la situación de crisis económica la petición de indemnización al Estado por daños y perjuicios injustos. Pedían 4,64 millones de euros por lo que llegaron a sufrir en el caso Urbanor, en el que se les condenó por estafa y falsedad en documento mercantil. La condena fue anulada por el Constitucional. La lentitud y la correspondiente prescripción de los delitos logró lo que los abogados defensores no habían conseguido. Y donde no llega la prescripción, lo hace el indulto. Hace escasamente un mes, el Gobierno central decidió indultar a Joan Anton Sánchez Carreté, que fue asesor fiscal del mismísimo Jordi Pujol. Sánchez Carreté había sido condenado por domiciliar -sin tributar, claro- una transacción en un paraíso fiscal. La condición del indulto es que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de dos años. El indulto le viene como anillo al dedo, porque estos días precisamente está sentado en el banquillo de los acusados por el fraude de Hacienda. Comparte bancada judicial con empresarios catalanes ejemplares, apellidos ilustres.

Hay decisiones que en democracia son difícilmente digeribles para la opinión pública. La lentitud de la justicia y una instrucción judicial incomprensible forman parte de ese elenco indescifrable. Los convenios poco transparentes o la generosidad en la gracia de indultos integran también ese cúmulo de elementos que trabaja a favor de la desafección ciudadana, que ahuyenta al votante de la urna. Afortunadamente, y también gracias a la democracia, sí son actitudes criticables. Aun a riesgo de quien desde el sectarismo político confunda la crítica con las actitudes inquisitoriales.