Cataluña pone coto a las urbanizaciones

En Cataluña hay unas 2.300 urbanizaciones; unas 400 de ellas, en situación de legalidad dudosa. Se trata de una cifra aproximada, porque muchas se han construido de forma irregular y no siempre están convenientemente registradas. La fiebre empezó a mediados de los cincuenta y progresó en los años del desarrollismo franquista, ocupando una cantidad de terreno que el actual secretario de Planificación, Oriol Nel·lo, no duda en calificar de excesiva.

El Gobierno catalán se ha planteado ahora poner coto al crecimiento y reparar al menos parte de los desaguisados cometidos, de difícil eliminación. Busca evitar que se siga urbanizando lejos de los núcleos de población y, en la medida de lo posible, cambiar crecimientos autorizados en el pasado por otros más razonables.

Se ofrecerán permutas de parcelas en zonas más cercanas a núcleos urbanos

La Generalitat prevé ayudas económicas para construir servicios

El censo conocido de urbanizaciones, algunas de ellas en el filo de la legalidad, es de unas 1.100 en Barcelona, 563 en la provincia de Girona, 554 en la de Tarragona y 111 en las comarcas de Lleida. Muchas de ellas han crecido sin planificación alguna. En los primeros años sesenta, las familias que iniciaban el despegue económico se compraban una parcela y pasaban allí el día, como si estuvieran en el campo. Más adelante, construyeron una casita (no siempre con todas las licencias municipales) como segunda residencia y en los últimos años se ha percibido un movimiento que consiste en que las familias, tras la jubilación, se instalan definitivamente en estas edificaciones. Y ahí llegan los problemas porque las condiciones no siempre son idóneas. Con frecuencia, ni los vendedores ni los compradores construyeron los servicios. De modo que algunas urbanizaciones carecen de luz, agua y alcantarillado.

El transporte público es otra notable ausencia. Y lo que es más grave: el coste de los servicios debe correr a cargo de propietarios y municipios, lo que no siempre es posible porque ni unos ni otros disfrutan de una economía boyante.

Para paliar la situación, el Departamento de Política Territorial proyectó hace unos meses la Ley de Urbanizaciones, ya aprobada por el Parlament. Se trata, sobre todo, de frenar el crecimiento urbano. Si las poblaciones han de crecer, no deben hacerlo en cualquier parte. Preferentemente, deben hacerlo como ensanches de los núcleos existentes y no en la lejanía. Este sistema de crecimiento tiene la virtud de abaratar costes y ahorrar el consumo de terreno.

La ley permite al Gobierno catalán intervenir con ayudas económicas a propietarios y consistorios que tengan dificultades. La estimación inicial es que al menos dos tercios de las más de 2.000 urbanizaciones podrán acogerse a estas ayudas. El mecanismo es el siguiente: una urbanización que necesite realizar obras para dotarse de servicios puede pactar con el Consistorio la financiación de las mismas. El Ejecutivo catalán adelantará una parte de los costes y lo cobrará luego en un periodo dilatado. En caso de familias que carezcan de ingresos suficientes para hacer frente a estos gastos, el Gobierno contempla la posibilidad de adelantar el dinero y no cobrarlo de momento. A cambio, se procederá a inscribir la deuda en el registro de la propiedad, de modo que sea satisfecha si se produce un cambio en los propietarios, por venta, donación o herencia.

En las urbanizaciones donde haya una cantidad importante de parcelas sin construir, el Gobierno catalán prevé ofrecer a los propietarios compensaciones en zonas más cercanas a la población y con mayor densidad de construcción. La Generalitat está dispuesta a negociar con los municipios una reubicación de las construcciones ya concedidas, ya que, si el terreno ha sido declarado urbano, es muy difícil revertir la situación sin compensar al propietario. Estas reubicaciones tenderían siempre a acercar las nuevas construcciones a las poblaciones ya consolidadas.

Los datos sobre las urbanizaciones son imprecisos, sobre todo fuera de la provincia de Barcelona. En ésta se dispone de un análisis encargado por la Diputación para conocer los déficit que presentan. El trabajo señala que la mayor parte se agolpan en las inmediaciones de Barcelona, con especial densidad en el Vallès (unas 200), en el Maresme (unas 160) y en el Baix Llobregat (por encima de las 110).