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La oposición secunda con matices los planes de austeridad de San Sebastián

La crisis y la caída de ingresos centran el pleno sobre el estado de la ciudad

La crisis y la rotunda caída de ingresos marcaron el compás del pleno extraordinario sobre el estado de la ciudad celebrado ayer en San Sebastián. Hasta tal punto que los partidos de la oposición, conscientes de que el margen es estrecho, secundaron con matices la política de austeridad extrema anunciada por el alcalde Odón Elorza para el ejercicio de 2010. Aunque no dudaron, sobre todo el PNV, en lanzar algunos dardos contra su gestión. Elorza, por su parte, se mostró dispuesto a corregir la anunciada subida de la tasa de basuras en un 3,8% para ajustarla al IPC.

"A pesar de la crisis, no se ha dejado de prestar ningún servicio", afirmó el alcalde, que quiso en todo momento trasladar la imagen de una San Sebastián "solidaria con los más desfavorecidos" por la coyuntura económica. Básicamente, Elorza retomó parte de las 25 medidas anticrisis anunciadas el pasado martes: recordó que reforzará la dotación presupuestaria para las Ayudas de Emergencia Social para 2010, se dará continuidad al plan de choque para la creación de empleo y se ampliarán las ayudas para el pago de tasas e impuestos de los más afectados por la crisis. "[No queremos] que ningún donostiarra se sienta desamparado ante el riesgo de exclusión social", añadió. Las medidas incluyen también una reducción de hasta el 15% del gasto en contratas, subvenciones y aportaciones municipales a eventos deportivos y culturales, así como congelar el sueldo de los funcionarios en 2010.

Elorza apunta que quizá haya que devolver 28 millones a la Diputación

Los desencuentros, que no llegaron a mayores, se centraron más en pequeños detalles que en las líneas generales trazadas por el equipo de Gobierno PSE-Alternatiba-Aralar. "Reconozco que las medidas que nos ha expuesto, en su mayoría, son buenas. Responden más o menos a un espíritu que compartimos", señaló la portavoz popular, Maria José Usandizaga, tras criticar algunos de los gastos. "¿Cuánto nos cuestan las guarderías municipales? 1,5 millones de euros al año. ¿Saben cuántos niños atienden? a 120 ¿Ustedes creen que éste es un servicio público que el Ayuntamiento debería soportar?", preguntó. El más crítico con el alcalde, el portavoz peneuvista, Xabier Eizezabarrena, puso la operación de Illumbe como ejemplo de la, según afirmó, nefasta gestión patrimonial del Ayuntamiento -deberá indemnizar con 21 millones por haber rescindido antes de tiempo el contrato de explotación del complejo-. "Sólo se han materializado el 29% de los ingresos de capital previstos este año", añadió. También censuró la tardanza con la que el equipo de Gobierno suele presentar sus presupuestos: "Nunca los presentan en plazo".

En 2009, el frenazo de la inversión en obras públicas se vio compensado por el dinero concedido por el Gobierno central a través del Plan E. ¿Qué esperar en 2010? El alcalde aseguró que, a pesar de que algunos proyectos seguirán paralizados y que no se incorporarán nuevas inversiones, operaciones como las de vivienda de protección oficial de Auditz Akular, Morlans, Pagola o Txomin saldrán adelante. Jaione Arratibel, de Hamaikabat, presentó varias propuestas saludadas por el alcalde, entre ellas la ampliación de la oferta de servicios sociales. Ricardo Burutaran, de EA, propuso la creación de antenas de empleo para luchar contra el paro y elaborar planes específicos para barrios con más de un 10% de desempleo.

La portavoz del PP planteó también la posibilidad de elegir "3 o 4 proyectos ambiciosos" consensuados entre los partidos. Usandizaga se mostró contraria a cualquier aumento de los impuestos y pidió nuevas vías de recaudación, como una nueva tasa que grave la instalación de antenas de telefonía.

"No se puede sacar dinero de debajo de las piedras", respondió el primer edil, que tiene parte de sus esperanzas puestas en la venta de la participación que el consistorio posee de Naturgas para compensar la menor aportación que el consistorio recibirá de la Diputación de Guipúzcoa. "Se está hablando de tener que devolver 28 millones", recalcó.

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