Sin rastro del patrimonio
La Xunta afirma al juez que desconoce el paradero de los bienes presuntamente expoliados a una falsa incapacitada
Los responsables desde 2002 de la Fundación Gallega para la Tutela de Adultos (Funga), dependiente de la Consellería de Traballo, declararon ayer como imputados en el juicio civil promovido por Mercedes Rodríguez Mouríz, una anciana de Vilagarcía que fue incapacitada por error y que ahora reclama a la institución la devolución de sus bienes.
Ninguno de los tres directivos pudo aclarar las cuentas de los depósitos bancarios que manejaron como tutores de la mujer, ni el paradero de los muebles y enseres que se encontraban en el domicilio en el que residía la anciana cuando fue desalojada por la Policía Nacional, en octubre de 2002.
Tras ser declarada incapacitada, la justicia autorizó la venta del edificio hasta que en 2006 el juez rectificó y la declaró capacitada de nuevo. Pero cuando Mercedes Rodríguez regresó a su casa se encontró que el edificio de su propiedad había sido demolido y reconstruido.
La anciana reclama a la fundación la devolución de sus posesiones
Tampoco el promotor de las obras ni el arquitecto técnico aclararon ante la juez las presuntas irregularidades denunciadas por la demandante sobre la venta del edificio, por el que se pagó oficialmente 55.000 euros y un piso de 60 metros cuadrados, así como el paradero de la piedra de la fachada, que es otra incógnita. Pero un informe pericial advirtió un desfase sobre el precio del solar, cuyo valor real se tasó en 550.000 euros.
La Xunta citó como testigo al primer juez del caso, ahora destinado en A Coruña, José Antonio Vázquez Taín. A preguntas del abogado de la Funga, descartó cualquier ilegalidad en la declaración de incapacidad de la anciana y que ésta se basó en informes forenses. El juez insistió en que durante su reclusión en un centro de salud, la mujer había estado bien alimentada y atendida, pero no aludió a la venta de sus bienes.
Mercedes Rodríguez ratificó su denuncia y dijo que sólo pretendía recuperar sus propiedades, respondiendo a la pregunta que le formuló su abogado. La representante legal de la Xunta ni siquiera la interrogó.
El juicio quedó visto para sentencia tras un largo proceso judicial que se prolongó durante los últimos seis años. El caso derivó en una demanda civil contra la Administración autonómica que fue admitida en mayo de este año, después de que la Funga fuera requerida en varias ocasiones para que procediese a la devolución de las propiedades en litigio.
En contra de su voluntad, Mercedes Rodríguez no sólo fue desalojada de su domicilio, sino que pasó casi tres años de su vida internada en un centro psiquiátrico en Beariz (Ourense). Uno de sus primos, que vive en Santiago, inició su búsqueda cuando fue a visitarla y se topó con la casa demolida.
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