Ilegalidad al cuadrado en Torrevieja
Los vecinos denuncian las terrazas del paseo marítimo anulado por el Supremo
El municipio de Torrevieja acumula una doble ilegalidad en su fachada marítima. De un lado, el paseo marítimo Juan Aparicio, ejecutado por el gobierno local del PP en 1999, y declarado ilegal por el Tribunal Supremo; y, por otra parte, las terrazas de los locales de ocio (bares, cafeterías, pubs y restaurantes) instalados a lo largo del kilómetro de paseo marítimo. Sobre esta segunda ocupación ilegal -las mesas y sillas de los establecimientos se sitúan a una distancia de entre 6 y 35 metros de la primera línea de mar- las nueve comunidades de propietarios del paseo han presentado ya escritos a la Dirección General de Costas denunciando los hechos y solicitando su retirada.
La ofensiva de los residentes en el paseo marítimo Juan Aparicio contra la invasión de la zona de dominio público marítimo-terrestre arreció el pasado mes de agosto a raíz la sentencia del Tribunal Supremo que declaró ilegal la obra, por invadir el espacio público y ejecutarse sin la preceptiva autorización del Estado. Por esta ilegalidad el Ayuntamiento ha sido condenado a una multa de 833.000 euros.
Las terrazas de los bares ocupan parte del dominio público marítimo-terrestre
Las denuncias de las comunidades de vecinos del paseo contra las terrazas de los locales de ocio se han presentado a lo largo de los pasados meses de agosto y septiembre. Sin embargo, todavía no han obtenido respuesta por de la Dirección General de Costas.
Los vecinos sostienen, además, que el Ayuntamiento consiente la ilegalidad y sigue cobrando las correspondientes tasas a los dueños de los locales del paseo marítimo. En este sentido, los afectados esgrimen una resolución del servicio provincial de Costas de Alicante, fechada el 14 de septiembre de 2008, en la que este organismo informó "desfavorablemente" la petición del propietario de un local para hacer obras.
El documento también fue remitido al Ayuntamiento e instaba al dueño del establecimiento a retirar las mesas y sillas fuera del dominio público marítimo-terrestre. La resolución, además, precisaba: "Y previamente a la explotación de la terraza deberá solicitar el replanteo a este servicio de Costas".
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