Fernández Ordóñez y los impuestos

El señor Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España y entusiasta apóstol del abaratamiento del despido, desdeña la idea de que se intente cobrar más impuestos a quienes más ganan porque tal pretensión al final lleva a que paguen más quienes "más declaran", lo que evidentemente resulta injusto. Con ello parece querer decir que, como los grandes millonarios siempre encuentran medios para eludir el fisco, elevar la tributación a las grandes fortunas en realidad conduce a hacer recaer la subida fiscal sobre quien al menos cumple sus obligaciones con Hacienda. Lo que hay que hacer, asegura Fernández Ordóñez, es concentrar los esfuerzos en perseguir y evitar el escandaloso agujero del fraude fiscal.

No sé si soy yo el único que se ha percatado de la contradicción. Si de verdad el Estado acometiera un plan serio de persecución del fraude fiscal se supone que se evitaría, nunca del todo pero sí en gran medida, que los multimillonarios eludieran el pago de impuestos. En cuyo caso la elevación de tributos a quienes más ganan no tendría ningún efecto indeseado. Y, si se rechaza la subida de tributos a los muy ricos con la excusa pragmática de que sortean sus obligaciones, es porque el fraude fiscal se toma por un hecho dado e inevitable y se renuncia a luchar seriamente contra él.

Dejando aparte esta contradicción, la significativa oposición del señor Ordóñez a que se cobren más impuestos a los más ricos se suma a otras declaraciones similares que en estos días hemos podido leer y escuchar con frecuencia. Pero ocurre que lo de cobrar más impuestos a quien más gana no es una opción política sobre la que cada Gobierno o Parlamento puedan adoptar la decisión que se les antoje mejor.

Es un mandato constitucional. El artículo 31.1 de la Constitución de 1978 ordena que nuestro sistema fiscal sea justo y se rija por los principios de igualdad y progresividad, lo que no significa, en derecho tributario, únicamente que pague más quien más gana o más tiene -cosa que ya se logra con la mera proporcionalidad-, sino todavía más: que pague un porcentaje mayor de sus ingresos o su riqueza. Y este matiz no es menor.

A todos los ciudadanos y poderes públicos nos obligan tanto los artículos de la Constitución que nos gustan como los que no nos gustan. Lo cual vale también para el gobernador del Banco de España. Si no le gusta el artículo 31.1, que promueva un debate cívico encaminado a la reforma constitucional.

Y ya de paso, en ese debate, que él y otros nos expliquen que los principios de justicia elemental se escriben en las Constituciones para barnizar de legitimidad democrática a quien manda, pero sin intención alguna de cumplirlos, porque, a fin de cuentas, digan lo que digan las leyes, los dueños de los medios y de las personas siempre podrán hacer lo que les dé la real gana. O sea, que aquí sus fiestas se las costeamos entre todos y a callar. Las cosas, claras.