Un grupo empresarial de la 'trama Millet' financió la fundación de CDC

La fundación Trias Fargas, el embrión de la casa gran del catalanismo que impulsa Artur Mas, se financió a través de las aportaciones de un conglomerado empresarial vinculado con el caso del saqueo del Palau de la Música. El grupo de la familia Valsells, a través de la empresa Natur System, inyectó 20.622 euros a la entidad de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) en 2005. Estas sociedades se mencionan por la fiscalía y constan en el sumario del juez por la posible falsificación de facturas para justificar los desvíos de fondos de Millet y su mano derecha, Jordi Montull.

La fiscalía expuso en su querella una maraña de contratistas que crearon o modificaron facturas para justificar las salidas de efectivo del Palau de la Música en 2003. El propio Montull lo explica en su confesión: "Decidimos que yo contactaría con algunas empresas que nos facilitaran unas facturas con fecha del año 2003 que dieran cobertura al requerimiento de la Agencia Tributaria". En el mismo texto cita algunas, entre ellas, CBM10 SL.

El sumario recoge un anónimo que acusa a constructores de ayudar al saqueo

Esta empresa, según el fiscal, en 2003 estaba inactiva. Aun así, la querella determina que está relacionada con un conglomerado de sociedades, como Color de Pipsa y Pintors a Mida, vinculadas con la familia de José Valsells Montagut, cercana a Millet y Montull. En efecto, en el Registro Mercantil constan como apoderados de estas empresas miembros de la familia Valsells, que hasta 2006 eran los propietarios de Natur System, una de las constructoras que participó en la rehabilitación del Palau de la Música.

La familia todavía conserva el 25% de la sociedad y está implicada en su gestión. A pesar de que hoy la empresa está controlada por Copisa, el gerente de la firma es Roger Valsells, que también está en el patronato de la Fundación Orfeó Català. Este diario trató ayer y el viernes de hablar tanto con José como con Roger Valsells, sin que fuera posible. Aun así, la vinculación de la constructora con las empresas citadas por el fiscal es clara: Natur System se define heredera de "la expansión del grupo Pipsa, creado en la década de 1950 y dedicado a la pintura".

El sumario recoge, además, una carta anónima del 10 de agosto en la cual se acusa a varias empresas de falsificar facturas para contribuir al "desvío de grandes sumas de dinero". Entre ellas está Natur System, que es miembro protector del Palau.

Las cuentas de la Trias Fargas depositadas en el registro de fundaciones revelan que la empresa constructora aportó dinero en al menos una ocasión, en el año 2005. Es difícil determinar si hubo más donaciones porque la fundación de CDC sólo detalló el origen de los donativos que recibió en 2004 y 2005. El resto de ejercicios entre 1999 y 2008 son una auténtica incógnita, pues las cuentas entregadas sólo explicitan la suma recibida, no su origen. Los diferentes responsables de CDC se han negado los últimos días no sólo a aclarar qué empresas han financiado a la Trias Fargas sino también a explicar por qué las empresas constructoras y adjudicatarias de obra pública de la Generalitat, diputaciones y ayuntamientos son, con mucha diferencia, las que más aportan a las cuentas de la fundación. En 2008, el último con datos disponibles en el registro de fundaciones, la Trias Fargas recibió 1,3 millones de euros de procedencia desconocida. Los dirigentes de CDC se limitan a decir que las aportaciones "son legales" y que no hay nada extraño en este caso.

Sin embargo, el debate ha despertado todo tipo de recelos en el resto de partidos. Todos recuerdan que ya en 2005, a raíz de la polémica por el 3%, de presunta financiación ilegal de Convergència a través de obra pública, se cuestionó la conveniencia de las aportaciones privadas a los partidos y a sus fundaciones.

La fundación Trias Fargas ha aumentado notablemente el flujo de ingresos anónimos desde 2006 y 2007, coincidiendo con la entrada en vigor de la nueva ley de financiación de partidos que prohíbe las donaciones anónimas a las formaciones políticas. La ley, sin embargo, no afecta a las fundaciones de los partidos, que, a menudo, también organizan actos electorales y de apoyo a los candidatos.Resistiéndose a hacer públicas las cuentas de su fundación y los siete convenios que asegura haber firmado con el Orfeó Català, Convergència Democràtica se ha enrocado en la estrategia del calamar. Su defensa se basa en acusar a otros partidos de financiar sus fundaciones con dinero público, como si ello fuera ilegal.

El secretario general adjunto de Convergència, Felip Puig, intentó restar importancia al hecho que su fundación se haya nutrido básicamente de las aportaciones de Millet y de varios constructores recordando que la fundación del PSC se nutre "prácticamente al 100% con dinero público". Aunque ello es algo habitual en muchos países europeos y el PSC lo reconoce abiertamente, Puig considera que se trata de una práctica "propia de países bananeros". Así mismo reiteró la "legalidad" de todos los fondos recibidos por la fundación de CDC sin explicar, eso sí, por qué tantas empresas adjudicatarias de obra pública en Cataluña optan por financiar la fundación de su partido. Puig tampoco aclaró por qué las cuentas que la entidad nacionalista presentó en su día al Departamento de Justicia no recogen claramente el origen de los 630.000 euros que recibió del Orfeó de Millet. Lo único que mantiene firme Convergència es que no piensa devolver el dinero recibido.

Esta actitud le valió ayer reproches de todo el arco político. El portavoz adjunto del PSC en el Parlament, Joan Ferran, aseguró que los dirigentes de CiU "esconden sus cuentas como bellacos y son incapaces de articular un argumento creíble que permita justificar sus cuentas". Ferran inquirió a Convergència sobre el destino del dinero recibido por parte del Orfeó y aseguró que el silencio de Artur Mas es "autoacusador".

El secretario general de Esquerra Republicana, Joan Ridao, al igual que Ferran, exigió a la fundación de CDC que devuelva el dinero. Ridao insistió en la "inmoralidad" que supone, a su juicio, que una fundación política se financie a través de una fundación cultural que recibe fondos públicos. La portavoz de Iniciativa-Esquerra Unida Laia Ortiz dijo que si CDC sigue resistiéndose a devolver el dinero "habrá que pensar en otros instrumentos", que no concretó. Para Ortiz, financiarse a través del Palau, por una parte, y de constructores privados, por otra, es "inaceptable". La presidenta del PP catalán, Alícia Sánchez Camacho, también exigió "transparencia" a CDC.