Cuentas desafinadas

El 19 de mayo de 1960, el Palau de la Música de Cataluña, con motivo del centenario del nacimiento de Joan Maragall, acogió un homenaje al poeta al que asistieron varios ministros franquistas. Aunque prohibido por el régimen, El cant de la senyera, himno oficioso del catalanismo en la clandestinidad, fue interpretado por el público, en abierto desafío a la dictadura. Los disturbios, que pasaron a la historia como los hechos del Palau, se saldaron con numerosas detenciones y un consejo de guerra a Jordi Pujol, que acabó en prisión. Medio siglo después, ese gran templo del catalanismo, sufragado con aportaciones privadas y cuantiosas subvenciones públicas, se ha visto sacudido por el saqueo sistemático perpetrado por Fèlix Millet, egregio representante de la burguesía barcelonesa que como presidente del Palau sustrajo al menos 10 millones de euros, según la querella del fiscal admitida por el juez. Los precedentes históricos quizá expliquen la consternación que se vivió en Cataluña el pasado 23 de julio, cuando los Mossos d'Esquadra registraron el edificio modernista en busca de evidencias de la monumental estafa cometida en la institución.

Tras la confesión por carta de Millet y su lugarteniente, Jordi Montull, que reconocen haberse apropiado sólo de una tercera parte de los fondos presuntamente desaparecidos, quedan pocas dudas de que el expolio de tan emblemática entidad sólo fue posible merced a una pasmosa ausencia de controles financieros, tanto de carácter privado como por parte de las tres administraciones que con cargo al erario público han sufragado sus actividades y las sucesivas reformas del edificio: el Ministerio de Cultura, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona. A medida que se conocen los hechos -facturas y convenios falsificados que los auditores daban por buenos, tráfico de cantidades millonarias en billetes de 500 euros, pagos en dinero negro...- se constata la urgencia de regular a fondo no sólo el funcionamiento del Palau de la Música, sino el de todas aquellas entidades culturales sin ánimo de lucro que se nutren de las ayudas públicas sin someterse a una fiscalización rigurosa por parte de las administraciones competentes.

Millet, próximo a CiU y a la vez patrono de FAES por invitación de José María Aznar, amenazó semanas atrás con desvelar las "comisiones" que ha pagado a cambio de ayudas públicas. Por de pronto, ha trascendido que entregó al menos 72.000 euros a Àngel Colom, ex líder independentista luego adoptado por Convergència, y que la fundación de este partido ha recibido otros 633.000 euros de las arcas del Palau de la Música en la última década. Afloran de nuevo, a falta de mayor concreción judicial, las sospechas acerca de la conexión sistémica entre las adjudicaciones públicas y la financiación irregular de los partidos. Sólo cabe esperar que el juez del caso Millet investigue estas pistas con mayor atención que el tribunal valenciano del caso Gürtel.