Bruselas acusa a España de gravar a las empresas que abandonan el país
La Comisión Europea llevará a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por mantener un impuesto de salida a las empresas que dejan de tener su domicilio fiscal en el territorio nacional. Si una sociedad instalada en España traslada su residencia a otro Estado miembro, cesa sus actividades en territorio nacional o transfiere sus activos a otro país europeo, las plusvalías no realizadas deben integrarse en la base imponible de ese ejercicio. Si se trata de operaciones de ámbito nacional, estas plusvalías no se incluyen en la base imponible.
La decisión de Bruselas, que también ha afectado a Portugal, es sólo una de la ristra de cuestiones por las que el Ejecutivo comunitario enmendó ayer la plana a España. La Comisión abrirá un proceso de inspección contra este país y otros cinco europeos por no aplicar correctamente la normativa comunitaria sobre comercialización a distancia de servicios financieros, por fallos en protección de los clientes en la información contractual y el derecho de rescisión de contrato.
El Gobierno español también ha sido expedientado por no trasladar correctamente a su normativa nacional el llamado "primer paquete ferroviario" de la Unión Europea, que obligaba a abrir una parte de los servicios de tren a la competencia en marzo de 2003. España también tendrá que responder ante el Tribunal Europeo de Justicia por la condición de nacionalidad que exige para convertirse en capitán o primer oficial de buques españoles. Además, ayer recibió un ultimátum para aplicar correctamente el sistema especial del IVA a las agencias de viajes.
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