El Gobierno exigirá auditorías anuales en las sociedades en las que participe

Aumentar el control sobre las sociedades públicas en las que ninguna administración tiene la mayoría. Ese es el objetivo en el que se ha enfrascado el Gobierno. Y para lograrlo va a condicionar su participación a partir de ahora en cualquier sociedad a que ésta sea auditada anualmente y establezca los máximos controles posibles. La consejera de Cultura, Blanca Urgell, adelantó ayer este propósito durante su comparecencia ante la comisión de Cultura del Parlamento, a la que acudió para explicar las medidas que ha ido adoptando el Gobierno para cumplir con las recomendaciones de las comisiones parlamentarias que investigaron el desfalco y la desastrosa operación de cambio de divisas del Guggenheim.

El Parlamento y el Tribunal de Cuentas reclaman extremar el control

La apropiación de fondos por el ex director financiero del Guggenheim, Roberto Cearsolo, fue posible porque la Tenedora e Inmobiliaria no están considerada como sociedades públicas al uso, ya que la Diputación de Vizcaya y el Gobierno se reparten al 50% la propiedad. Es decir, ninguna es mayoritaria. Esto permitió a Cearsolo suprimir en 1998 las auditorías que anualmente realizaba el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) y campar a sus anchas hasta 2005.

Para evitar que se repitan situaciones de este tipo, la comisión parlamentaria recomendó aplicar un control más riguroso en todas las sociedades en las que se manejan fondos públicos. El Departamento de Economía y Hacienda ya trabaja para presentar en los próximos meses ante la Cámara un proyecto de ley que establezca los mismos controles a los consorcios, fundaciones y sociedades donde la Administración no tenga una participación mayoritaria, pero cuyo capital sea público sumando la aportación del resto de instituciones, que a las sociedades consideradas públicas por ley.

Según Urgell, todo pasaría por el acuerdo con el resto de instituciones (ayuntamientos y diputaciones) y, en último término, "por condicionar" la participación del Gobierno a la implantación de este régimen. Además, el Ejecutivo tiene intención de reformar la Ley de Régimen Presupuestario de Euskadi para que el proyecto anual de Presupuestos incluya también las cuentas de las fundaciones del sector público, que hoy día no están recogidas.

La consejera consideró que con este paquete de medidas se da respuesta a las recomendaciones de la comisión de investigación. En cualquier caso, las sociedades Tenedora e Inmobiliaria ya se someten a auditorías anuales desde 2007, como lo habían hecho hasta 1997, cuando Cearsolo convenció al director del Guggenheim, Juan Ignacio Vidarte, para que se dejaran de hacer.

Lo que también quedó claro en la comparecencia son las difíciles relaciones que mantiene el actual Departamento de Cultura con la Diputación de Vizcaya, que ha bloqueado un estudio externo sobre las cuentas del Museo Guggenheim. A lo que se suma la ausencia de sintonía sobre la apertura de una nueva sede del Guggenheim pretendida por la Diputación. Los miembros del comité ejecutivo del museo, reunido ayer, recibieron un informe que indica que el proyecto, que costaría más de 200 millones de euros (casi el doble que el actual museo), recibiría una media de 148.000 visitantes anuales -la pinacoteca bilbaína roza el millón anual- y generaría 43,7 millones de euros al PIB vasco.