El Gobierno exigirá auditorías anuales en las sociedades en las que participe

Incluirá en el proyecto de ley de Presupuestos las cuentas de las fundaciones

Aumentar el control sobre las sociedades públicas en las que ninguna administración tiene la mayoría. Ese es el objetivo en el que se ha enfrascado el Gobierno. Y para lograrlo va a condicionar su participación a partir de ahora en cualquier sociedad a que ésta sea auditada anualmente y establezca los máximos controles posibles. La consejera de Cultura, Blanca Urgell, adelantó ayer este propósito durante su comparecencia ante la comisión de Cultura del Parlamento, a la que acudió para explicar las medidas que ha ido adoptando el Gobierno para cumplir con las recomendaciones de las comisiones parlamentarias que investigaron el desfalco y la desastrosa operación de cambio de divisas del Guggenheim.

El Parlamento y el Tribunal de Cuentas reclaman extremar el control

La apropiación de fondos por el ex director financiero del Guggenheim, Roberto Cearsolo, fue posible porque la Tenedora e Inmobiliaria no están considerada como sociedades públicas al uso, ya que la Diputación de Vizcaya y el Gobierno se reparten al 50% la propiedad. Es decir, ninguna es mayoritaria. Esto permitió a Cearsolo suprimir en 1998 las auditorías que anualmente realizaba el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) y campar a sus anchas hasta 2005.

Para evitar que se repitan situaciones de este tipo, la comisión parlamentaria recomendó aplicar un control más riguroso en todas las sociedades en las que se manejan fondos públicos. El Departamento de Economía y Hacienda ya trabaja para presentar en los próximos meses ante la Cámara un proyecto de ley que establezca los mismos controles a los consorcios, fundaciones y sociedades donde la Administración no tenga una participación mayoritaria, pero cuyo capital sea público sumando la aportación del resto de instituciones, que a las sociedades consideradas públicas por ley.

Según Urgell, todo pasaría por el acuerdo con el resto de instituciones (ayuntamientos y diputaciones) y, en último término, "por condicionar" la participación del Gobierno a la implantación de este régimen. Además, el Ejecutivo tiene intención de reformar la Ley de Régimen Presupuestario de Euskadi para que el proyecto anual de Presupuestos incluya también las cuentas de las fundaciones del sector público, que hoy día no están recogidas.

La consejera consideró que con este paquete de medidas se da respuesta a las recomendaciones de la comisión de investigación. En cualquier caso, las sociedades Tenedora e Inmobiliaria ya se someten a auditorías anuales desde 2007, como lo habían hecho hasta 1997, cuando Cearsolo convenció al director del Guggenheim, Juan Ignacio Vidarte, para que se dejaran de hacer.

Lo que también quedó claro en la comparecencia son las difíciles relaciones que mantiene el actual Departamento de Cultura con la Diputación de Vizcaya, que ha bloqueado un estudio externo sobre las cuentas del Museo Guggenheim. A lo que se suma la ausencia de sintonía sobre la apertura de una nueva sede del Guggenheim pretendida por la Diputación. Los miembros del comité ejecutivo del museo, reunido ayer, recibieron un informe que indica que el proyecto, que costaría más de 200 millones de euros (casi el doble que el actual museo), recibiría una media de 148.000 visitantes anuales -la pinacoteca bilbaína roza el millón anual- y generaría 43,7 millones de euros al PIB vasco.

Bloqueo en las cuentas del Guggenheim

La Diputación de Vizcaya ha bloqueado la elaboración de un estudio solicitado por el Gobierno sobre las cuentas del Museo Guggenheim a raíz de las irregularidades presupuestarias reveladas por el Parlamento y el Tribunal de Cuentas. Al repartirse al 50% la propiedad entre la Diputación y el Gobierno, la situación es de "empate técnico", se lamentó la consejera de Cultura. El informe debía determinar la conveniencia o no de realizar correcciones en las cuentas y si existió responsabilidad de Juan Ignacio Vidarte. "Entendía que así contribuíamos a proteger mejor los recursos públicos invertidos en el museo", argumentó Urgell. El estudio habría proporcionado a los responsables de la sociedad Tenedora "la seguridad y la claridad necesarias para tomar futuras decisiones".

Sin embargo, la Diputación de Vizcaya se ha negado en redondo. Así que, ante este bloqueo, el único recurso que le queda a la consejera es que el Parlamento ejerza algún tipo de presión sobre el Ejecutivo foral y le saque los colores. El PNV, que dirige la Diputación, negó que existiera un bloqueo y limitó la falta de acuerdo respecto al estudio a "la distinta lectura" que Gobierno y Diputación hacen de los dictámenes e informes del Parlamento y el Tribunal de Cuentas.

La refundación de Balenciaga

Administración desleal, delito societario, apropiación indebida, falsedad en documento mercantil y malversación de caudales públicos. Estas son las acusaciones que pesan sobre Mariano Camio durante su etapa como vicepresidente de la Fundación Balenciaga y gerente de la Sociedad pública Berroeta Aldamar, creada por la Diputación de Guipúzcoa y el Gobierno vasco para construir el museo Balenciaga. La consejera de Cultura anunció ayer que su departamento, la Diputación de Guipúzcoa y el Ministerio de Cultura han cerrado un acuerdo para refundar la Fundación Cristóbal Balenciaga y dotar así al proyecto de la seguridad que le ha faltado hasta ahora. "Es una obligación ineludible, dado que se han invertido muchos recursos públicos en un museo que sería gestionado por una Fundación que hasta la fecha no ha demostrado la capacidad necesaria para ello", recalcó Urgell. Este acuerdo permitirá "poner las bases para reconducir el proyecto".

La consejer también apuntó que el expediente de recuperación de prendas del inventario de la colección Balenciaga propiedad del Gobierno fue cerrado ante la imposibilidad de demostrar la titularidad de algunos de los bienes, debido a un deficiente inventariado de los mismos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del martes, 06 de octubre de 2009.

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