El caso Millet

Emisarios de Millet ofrecen sobornos para encubrir el escándalo del Palau

Un auditor rehusó colaborar a cambio de recibir dinero en una cuenta suiza

El entorno de Fèlix Millet está dispuesto a hacer lo que sea para salvarle el pellejo. Emisarios del ex presidente de la Fundación Orfeó Català han tratado, sin éxito, de sobornar al menos a uno de los interventores de las cuentas del Palau. Los mensajeros pretendían infiltrar a un topo dentro del equipo fiscalizador para que ayudase a los acusados a encubrir el escándalo, bien destruyendo pruebas, bien informándoles del curso de las investigaciones, según revelaron a este diario fuentes conocedoras de los hechos.

El intento de soborno se produjo poco antes de que Millet confesara, en una carta remitida al juez, que se había apropiado de 3,3 millones de euros del Palau. La cantidad no coincide con el fraude calculado por los auditores (superior a 10 millones), aunque el objetivo era evidente: eludir la prisión preventiva por la vía del arrepentimiento y la restitución (parcial) del daño.

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Semanas antes, intermediarios que dijeron trabajar a las órdenes del ex presidente de la fundación propusieron al menos a uno de los auditores del Palau que pusiese precio a su lealtad a los nuevos gestores. El dinero sería ingresado, según detallaron los comunicantes, en una cuenta opaca en Suiza. Las pesquisas en el Palau han permitido rastrear un centenar de cuentas bancarias y se han hallado movimientos sospechosos en 10 de ellas: las que Millet y su lugarteniente -Jordi Montull, ex director administrativo de la fundación- empleaban presuntamente para el desvío de fondos. En una de esas cuentas, domiciliada en una entidad helvética, se ingresaron cerca de dos millones de euros.

El único auditor que ha confesado a sus superiores haber recibido esta oferta ha renunciado, por falta de pruebas, a presentar denuncia. Sin embargo, la fiscalía y las autoridades policiales han conocido, de forma indirecta, el trapicheo de los emisarios de Millet, que pretendían embarrar así la nueva etapa de la institución musical más emblemática de Cataluña.

Esta fallida compra de voluntades indica el grado de hostigamiento que están sufriendo los nuevos gestores del Palau. Pero no es el único indicio. Fuentes próximas al flamante director general, Joan Llinares, confirman que ha recibido amenazas de muerte mediante llamadas telefónica y que tanto él como Mariona Carulla, nueva presidenta del Orfeó, han sido objeto de seguimientos. Estos hechos, puestos en conocimiento de los abogados del Palau, también han llegado a oídos de la fiscalía, que está con la manos atadas porque no se ha formalizado denuncia alguna. El nuevo equipo, en todo caso, se vio obligado a contratar a una empresa privada de seguridad.

Al llegar al Palau, los auditores asistieron a una obra de nepotismo coral: la entidad estaba tomada por familiares y fieles al tándem Millet-Montull. Algunos trabajadores ni siquiera dirigían la palabra a los recién llegados.

La resistencia de los clanes familiares a abandonar la institución ha sido numantina. Millet forzó la máquina y, cuando aceptó irse, quiso dejar a un hombre de su confianza al frente de la nave. Su hija Clara dimitió hace sólo unos días como responsable del departamento internacional de la entidad. Y a Gemma Montull, ex directora financiera, tuvieron que imponerle un despido disciplinario. No es sólo obcecación; también es una estretegia defensiva: a finales de julio, pocos días después de que los Mossos d'Esquadra registraran el Palau, Gemma fue sorprendida en su despacho destruyendo documentos con la ayuda de cuatro máquinas trituradoras de papel.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0005, 05 de octubre de 2009.

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