Acorazamiento arrojadizo

Si se atiende al ruido que ha invadido la escena pública en las últimas fechas, habría que temer alguna tragedia inminente, pues todos los portavoces políticos llevan en la boca estas cuatro palabras: "el blindaje del Concierto". Ante esa cantinela con acentos de alarma, el ciudadano podría temer que el Concierto Económico corre serio peligro, que sufre alguna vía de agua por donde se escapa a chorros la esencia de la foralidad o que algún desalmado pretende arrebatar a los vascos este instrumento que singulariza las relaciones financieras entre el Estado y el País Vasco y Navarra.

Pero no. Resulta que el Concierto goza de mejor salud que nunca en sus 133 años de vida y que lo que se plantea es acorazar jurídicamente la capacidad normativa de los órganos forales en materia fiscal. Esta potestad aplicada a los impuestos directos se adquirió recientemente y no constituye la parte mollar del Concierto. Los catalanes, que suspiran por los niveles de financiación que ofrece el régimen concertado, regalarían esa autonomía normativa por el Cupo. Pero como parece estar bien asegurado, el Concierto ha sufrido en Euskadi una metonimia reductora, quedando aparentemente achicado a la posibilidad que ofrece para retocar, dentro de unos límites marcados, el tipo y algunas deducciones del impuesto que grava los beneficios empresariales (el de sociedades).

Parece preferirse un blindaje arrojadizo, y, si fuera posible, 'arrancado' al Estado

La conveniencia de vestir ahora a las disposiciones normativas que aprueban las Juntas Generales con el rango de ley -para que sólo puedan ser enjuiciadas por el Tribunal Constitucional, y no por los tribunales de lo contencioso-administrativo- viene motivada por los pleitos en que se vieron envueltos los polémicos incentivos fiscales a la inversión impulsados por las diputaciones en los noventa. La mayoría de los recursos provino de los gobiernos y otras organizaciones de las comunidades limítrofes (sobre todo, La Rioja y Castilla y León) que temían, quizá exageradamente, deslocalizaciones de sus empresas. Pero la intervención posterior del Tribunal Supremo elevó la cuestión al Tribunal de Justicia de la UE, que dictaminó en 2007, para alivio de muchos, la compatibilidad con la legislación europea de la capacidad foral para establecer una tributación diferenciada para las empresas vascas. Para entonces las diputaciones habían derogado las controvertidas ayudas a la inversión -conocidas genéricamente como vacaciones fiscales-, tratando de calmar las iras de Bruselas. No lo consiguieron. La Comisión Europea las anuló por considerarlas ayudas de Estado ilegales desde el punto de vista de la competencia, una decisión avalada por el mismo tribunal de la UE.

Aquella ratificación europea de 2007 y la obligada contención de las diputaciones a la hora de aplicar la ingeniería tributaria atenúa la urgencia del blindaje pretendido. Sin embargo, es precisamente en estos momentos cuando su consecución se encarama en el debate político como un objetivo perentorio que apremia a todos a definirse y comprometerse. La agitación suscitada demuestra la destreza natural del nacionalismo -pues es el PNV el que ha enarbolado la bandera- para manejar los símbolos a su favor, así como las carencias y complejos de los partidos no nacionalistas en este terreno. Conjugada esa habilidad con las necesidades de apoyo del Gobierno de Rodríguez Zapatero para sacar adelante los presupuestos, el mismo PNV deprimido por su salida del Gobierno vasco se está dando el gustazo de ver bailar a su ritmo a los Ejecutivos socialistas de Madrid y Vitoria, a los dos grandes partidos nacionales y a todas las fuerzas vascas. Le ha bastado con poner "el blindaje del Concierto" como condición previa para aprobar los presupuestos del Estado.

Invocado el símbolo del Concierto, que aglutina a todos los vascos -aunque sólo un 16% se declaraba informado sobre él en una encuesta del Gobierno vasco del año pasado-, desaparecen los matices sobre lo que realmente se pretende y la posibilidad de discutir si ese objetivo puede obtenerse por otras vías más sencillas e, incluso, más soberanas. Porque trasladar el enjuiciamiento de las normas forales al Tribunal Constitucional, como se pretende y se aprobó unánime y fervorosamente en el Parlamento vasco, implica el cambio de dos leyes orgánicas, con el consiguiente barullo que conlleva este trámite en el Congreso y el Senado, y serios problemas para el PSOE y, sobre todo, para el PP.

Si sale el blindaje (término preciso para el caso, aunque antipático por lo que sugiere de impunidad), las otras comunidades autónomas no podrán recurrir las normas forales -tampoco el Gobierno o el Parlamento vascos; sólo el Gobierno central o 50 diputados o senadores- y el PNV capitalizará el hecho de haberlo arrancado al poder central. Si no prospera porque no lo apoyan en el Congreso populares y socialistas, caerá sobre sus compañeros de Euskadi el oprobio y la duda de su vasquidad.

Los símbolos son los símbolos y ante su fulgor parecen decaer las más razonables objeciones. Por ejemplo, si para obtener el fin pretendido no resultaría más sencillo, y más coherente con una concepción neta del autogobierno, que la protección pretendida la proporcionara el Parlamento vasco, convalidando automáticamente como leyes las normas fiscales aprobadas por las Juntas Generales. Se aduce que eso iría contra la foralidad, como si esta fuera un arcano ajeno a la racionalidad. Da la impresión de que se prefiere un blindaje arrojadizo y, si fuera posible, arrancado-concedido por ese Estado que tanto se detesta y tanto fascina.