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Hay otros Goirigolzarri

416 millones para 16 personas. Ésa es la suma de las pensiones de los consejeros ejecutivos de Santander, BBVA, Popular y Banesto

La jubilación de oro del consejero delegado del BBVA ha levantado ampollas. José Ignacio Goirigolzarri, de 55 años, dejará el cargo por jubilación anticipada, con una pensión anual de carácter vitalicio que rondará los tres millones de euros brutos anuales. Para afrontar este gasto, el BBVA tiene provisionados 52,49 millones en su balance. Sin embargo, el blindaje de Goiri, como se le conoce en el sector financiero, no es un caso aislado entre las cúpulas directivas de los bancos españoles. Al cierre del ejercicio 2008, las cuatro principales entidades españolas (Santander, BBVA, Popular y Banesto) tenían compromisos en materia de pensiones con sus 16 consejeros ejecutivos valoradas en 416 millones. La media es de 26 millones por cabeza.

La pensión del consejero delegado del Santander supera los 80 millones

Al dinero para la jubilación de los directivos se suman seguros millonarios

Es cierto que los bancos extienden su aportación a los planes de pensiones de casi todos sus empleados. De hecho, las entidades analizadas recogen en sus balances provisiones para cubrir la jubilación de su plantilla valoradas en 20.114 millones. Sin embargo, estos grupos tienen de forma conjunta casi 280.000 trabajadores, por lo que la pensión per cápita media es de unos 70.000 euros. La de los directivos es 371 veces superior.

En términos absolutos, Banco Santander es quien más provisiones ha efectuado para afrontar el retiro de su alta dirección. 241,22 millones de euros era lo que tenía aparcados el pasado 31 de diciembre para retribuir a sus seis consejeros ejecutivos. A esta cantidad habría que añadir 27,66 millones de euros por la contratación de diferentes pólizas de seguros.

Alfredo Sáenz, vicepresidente y consejero delegado, es quien tiene la pensión más elevada del Santander (y de todo el sector bancario español), valorada en más de 80 millones de euro. Sigue a Sáenz, que también es el ejecutivo español mejor pagado, Francisco Luzón (director general) con 53,08 millones. Al presidente del banco, Emilio Botín, le corresponden 25,57 millones; su hija y presidenta de Banesto, Ana Patricia Botín, tiene una bolsa para su pensión valorada en 21,73 millones, y la hucha de los hermanos Rodríguez Inciarte, Matías y Juan, es de 50,89 millones y 9,91 millones, respectivamente.

La mayor parte de las pensiones del Santander (excepto las de Luzón y Juan Rodríguez Inciarte) se calculan tomando como base el 100% de la suma del salario fijo que se esté percibiendo el directivo en el momento efectivo del cese del trabajo más el 30% de la media aritmética de las tres últimas retribuciones variables. A finales de 2007 el consejo de administración autorizó la modificación de los contratos de los consejeros ejecutivos y de los restantes miembros de la alta dirección del Santander para que éstos puedan elegir, en el momento de su jubilación, cobrar las pensiones en forma de renta o de capital.

En el caso del BBVA, sus tres consejeros directivos cobraron de forma conjunta 11,89 millones de euros en 2008 sumando la retribución fija y variable. Además, el banco dotó 19,96 millones a su plan de pensiones. Con esta aportación, la pensión acumulada a favor del presidente de la entidad, Francisco González, ascendía al cierre del ejercicio 2008 a 72,54 millones. En el caso del ya dimitido Goirigolzarri, la dote para su jubilación ascendía a 52,49 millones. Por su parte, la bolsa del secretario general del banco, José Maldonado, era de 8,71 millones.

Tras los dos pesos pesados del sector bancario español, la hucha para pensiones más importante es la del Banco Popular. La cobertura de los compromisos para la jubilación de sus consejeros ejecutivos en 2008 supuso un coste de 7,46 millones para el Popular, un más del doble que la provisión que tuvo que acometer un año antes. Con esta aportación, los derechos consolidados de estos ejecutivos sumaban 25,27 millones al cierre del pasado ejercicio, a los que hay que añadir otros 30,83 millones de otros consejeros ejecutivos anteriores.

Al presidente del Popular, Ángel Ron, le corresponde una pensión de 5,1 millones, mientras que la provisión para la jubilación del secretario del consejo, Francisco Aparicio, ronda el millón de euros. José María Lucía dimitió por razones de salud del cargo de consejero delegado en 2008. La pensión que le correspondía a este directivo era de 10,85 millones. A Lucía le sustituyó como consejero delegado Roberto Higuera, quien ya no desempeña esa función aunque continúa ejerciendo labores de vicepresidente. La pensión de Higuera en 2008 ascendía a 8,4 millones.

Por último, Banesto había ahorrado en 2008 algo más de 16 millones de euros para sus tres consejeros ejecutivos. En esta cantidad no se incluye la cifra de Ana Patricia Botín, ya contabilizada por Banco Santander, principal accionista de Banesto. La pensión que le corresponde al consejero delegado de Banesto, José Antonio García Cantera, es de 2,39 millones. Más caras son para la entidad las jubilaciones de Juan Delibes y José María Nus, ambos directores generales, valoradas en 8,5 millones y 5,1 millones, respectivamente. Además, el capital garantizado por seguros de vida de los consejeros ejecutivos de Banesto es de 4,17 millones.

Los sistemas retributivos de los banqueros se aproximan a la teoría de los juegos conocida como win-win. Si las cosas van bien sus planes de pensiones van engordando y se aseguran un retiro millonario. En cambio, si las cosas van mal y son despedidos sus espaldas están bien cubiertas porque gozan de blindajes también millonarios. Los nueve bancos españoles cotizados reconocen en sus informes de buen gobierno que 75 de sus consejeros y miembros de la alta dirección cuentan con estos paracaídas dorados. José Ignacio Goirigolzarri, por ejemplo, tenía un blindaje de 61 millones. Como su salida del banco ha sido pactada en forma de prejubilación no ha tenido que activar esta cláusula.

Accionistas sin voz ni voto

Los consejos de administración de las empresas no son partidarios de dar mucha voz y, menos aún, voto a los accionistas acerca de sus políticas de retribución. Durante la elaboración del Código Unificado de Buen Gobierno hubo un pulso de gran calado entre las cotizadas y el supervisor. La comisión presidida por el ex presidente de la CNMV Manuel Conthe tuvo que aceptar que el código no incluyera una recomendación que pedía que el informe de retribuciones fuera un documento separado, permitiendo que pudiera incluirse en otros como la memoria anual.

Conthe sí logró la inclusión de una recomendación que pide que ese informe de retribuciones sea objeto consultivo por la junta general de accionistas. Sin embargo, como se trata de una simple recomendación, muchas de las compañías se la saltan a la torera. De hecho, suele ser una de las que más se incumplen. En el ejercicio 2008 sólo el 28% de las compañías del Ibex 35 siguieron el consejo de la CNMV y somete sus sueldos a la aprobación de la junta.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 4 de octubre de 2009

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