Millet mutiló los estatutos del Orfeó para quedarse con el 10% del presupuesto

El ex presidente de la Fundación Orfeó Català, Fèlix Millet, mutiló los estatutos de la entidad cuando los escrituró y los llevó al Departamento de Justicia de la Generalitat, según fuentes de la investigación. Del acta fundacional, aprobada por el patronato en 1990, desapareció la cláusula que permitía a Millet cobrar el 10% del presupuesto si la entidad registraba superávit y que invocó en 2008, cuando él y su mano derecha, Jordi Montull, se embolsaron más de un millón de euros como incentivos. Estas fuentes indican que el artículo saltó porque el Gobierno no lo hubiera autorizado

En los estatutos que finalmente se escrituraron, que están depositados en Justicia, en efecto, no hay ninguna cláusula que permita cobrar esa cantidad. Sin embargo, esa remuneración extra sí consta en los apartados 640 y 641 de los balances que la fundación mandó a la Generalitat. Esos epígrafes corresponden a los sueldos, que en el ejercicio 2007-08 se dispararon hasta 2,5 millones, más del doble que el año anterior.

El abogado de Millet dice que el dinero del local comercial irá a la fundación

La Generalitat, pues, no sólo sabía que ese año los sueldos habían aumentado más del 130%, sino que las remuneraciones se comían el 25% del presupuesto de la fundación, de 10 millones. Sin embargo, la auditoría no recogía ninguna salvedad al respecto.

Fuentes de la investigación explican que los auditores, del Gabinete Técnico de Autoría y Consultoría, sí pidieron explicaciones a la ex directora financiera Gemma Montull. Ella, según estas fuentes, les enseñó el acta fundacional para demostrar que, en caso de superávit, podían percibir el 10% del presupuesto.

Los auditores no se quedaron satisfechos, puesto que advirtieron que los estatutos depositados en Justicia no preveían esa posibilidad, lo cual les obligaba a anotar la anomalía. Montull les respondió que la cláusula no se había escriturado, pero que seguía vigente. Los auditores reclamaron un documento firmado por el secretario de la fundación, Raimon Bergós, que lo certificara.Millet ya reconoció en su confesión que en 2008 invocó esa cláusula, y en ella se escuda para justificar las cantidades que se llevó tanto en efectivo como, en 2009, a través de sociedades familiares en concepto de informes que nunca se realizaron. De hecho, en la carta de confesión aseguraba aportar una certificación emitida por el secretario de la fundación, Raimon Bergós, en la que consta la posibilidad de que los altos directivos cobren remuneraciones extras.

Bergós negó haber firmado ese documento. Es más: en un comunicado, aseguró que esa posibilidad "no se ajustaba" ni a los estatutos de la fundación ni a la "legalidad". Sin embargo, varias fuentes indican que ese certificado existe y que forma parte del expediente de la auditoría que se realizó en el ejercicio 2007-2008. "Está muy bien guardado, en una caja fuerte", sostienen estas fuentes, conscientes de la desaparición de numerosos documentos en las últimas semanas.

Personas que están examinando todas las cuentas del Palau aseguran que el cobro de esas remuneraciones es ilegal. "Las relaciones laborales de un miembro de patronato están reguladas y siempre se requiere la autorización de la Generalitat, que no conocía esta cláusula", dicen. Otras fuentes también cercanas a la investigación no se pronuncian tan claramente, pero afirman que, en todo caso, ese cobro es "inmoral".

El rosario de revelaciones sobre las actuaciones de Millet y Montull empujó ayer al presidente de la Generalitat y primer secretario de los socialistas catalanes, José Montilla, a apremiar a los jueces. "Esperamos la actuación rápida y a fondo de la justicia contra los que han delinquido", dijo en un paréntesis de su discurso durante el consejo nacional de su partido. Y en clara referencia a las aportaciones de Millet destinadas a enjugar la deuda del extinto Partit per la Independència y la Fundación Trias Fargas, vinculada a CiU, exigió "explicaciones de quienes las tengan que dar, incluso de quienes intentan justificar lo que es injustificable", informa Clara Blanchar.

Mientras tanto, Millet ha puesto a la venta dos propiedades. Una de ellas es el local que hay enfrente del Palau, con el que en julio pretendió sacar unas plusvalías de 1,5 millones a costa de las arcas de la Asociación Orfeó Català. El establecimiento estaba ayer anunciado en Internet como un "local muy turístico", de 264 metros cuadrados -de los cuales 240 son útiles-, por 1,5 millones, aunque luego, por teléfono, se ofrece por 1,25 millones.

El despacho de abogados Molins aseguró ayer a este diario que en la escritura que se firmó el pasado miércoles con los nuevos gestores del Palau, en la que se deshacía la operación de julio, se preveía "expresamente" que el local "se pondría a la venta y que el dinero obtenido se depositaría en el juzgado a favor del Palau". Los abogados aseguraron que las ventas de inmuebles se están efectuando para "reparar el daño", por lo que las familias Millet y Montull han puesto a disposición del juez todo su patrimonio (de 14 millones de euros).

Por otra parte, el Ayuntamiento de Lleida aportó entre 1993 y 2003 alrededor de 600.000 euros a la fundación a través de varios convenios firmados por Millet y el ex alcalde socialista Antoni Siurana, informa Lluís Visa.