Las empresas de inserción podrán contratar a parte de los 7.000 empleados del plan anticrisis

Las empresas privadas de inserción (50 en el conjunto de Euskadi) debidamente registradas como tales podrán contratar a parte de los 7.000 nuevos empleados cuyos puestos va a financiar el Gobierno dentro del plan anticrisis +Euskadi 2009 y que están destinados a quienes no cobran prestaciones de desempleo o a los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI).

El acuerdo, adoptado en la Mesa de Diálogo Social, que inicialmente iba a ir destinado sólo a los ayuntamientos, se ha abierto también a las entidades sin ánimo de lucro y a las empresas que tienen como fin la incorporación al mercado laboral de colectivos en situación de desventaja social o exclusión y que disponen de programas para mejorar las condiciones de empleabilidad de los contratados.

Las medidas entrarán en vigor probablemente en menos de un mes

La consejera de Empleo, Gemma Zabaleta, detalló ayer las características del plan junto al secretario general de Confebask, José Guillermo Zubia, y los líderes de CCOO Euskadi, Unai Sordo, y UGT-Euskadi, Dámaso Casado. Zabaleta recordó que el programa tiene una consignación presupuestaria de 63 millones de euros.

Unas 50.000 personas cobran la RGI, mientras que el número de parados en Euskadi ronda los 120.000, de los que unos 30.000 no perciben prestaciones por desempleo. Estos serán los primeros perceptores, a los que habría que sumar otros 15.000 de entre quienes reciben la RGI. Los destinatarios de las ayudas deberán estar inscritos en algún servicio público de empleo y deberán estar empadronados en un municipio de Euskadi al menos en el momento en que se publique la correspondiente orden, que entrará en vigor seguramente en menos de un mes.

Los contratos se otorgarán para puestos de trabajo de actividades nuevas, con contratos laborales a tiempo completo, por un máximo de seis meses y con una ayuda que alcanzará hasta el tope de los 1.500 euros mensuales. Los salarios tendrán que ser acordes a lo que dicta el convenio que les afecte.

Las actividades prioritarias para cubrir los nuevos contratos son las nuevas tecnologías, las energías renovables, el medio ambiente, el reciclaje, el mantenimiento de equipamientos educativos y escolares, la promoción de la cultura, la educación y la salud, la recuperación del arte y el patrimonio, los servicios de proximidad o comunitarios y la recuperación del entorno rural.