Un imputado en el 'Gürtel' adjudicó un contrato de palabra y no lo pagó

Alfonso Bosch, uno de los tres diputados regionales imputados por cohecho y tráfico de influencias en el caso Gürtel junto con Benjamín Martín Vasco y Alberto López Viejo, adjudicó al menos un contrato de forma verbal en 2002, cuando era concejal de Urbanismo y primer teniente de alcalde de El Escorial. Bosch, además, rechazó el pago de la obra, 143.000 euros, para reformar una carretera que unía una urbanización con el municipio.

El ahora diputado encargó el contrato de forma oral para eludir los trámites legales. El artículo 28 de la Ley de Contratos de la Administración Pública establece que "los entes, organismos y entidades del sector público no podrán contratar verbalmente, salvo que el contrato tenga carácter de emergencia". El encargo se produjo unos meses antes de las elecciones que su partido perdió. Una sentencia obliga ahora al Ayuntamiento de El Escorial a pagar unos 78.000 euros. Como el encargo fue oral, el juez no puede justificar que toda la obra haya sido ejecutada por la misma empresa. "Nunca ha sido habitual en este Ayuntamiento hacer contratos verbales. Es el único que se ha hecho", explica el concejal de IU José Manuel Fernández. El actual alcalde, Antonio Vicente (PP), aseguró ayer que el Consistorio ya ha pagado las obras y reconoce que el contrato fue "irregular o poco normal".

Bosch es uno de los principales imputados en la trama madrileña del caso Gürtel. Recibió unos 250.000 euros de Francisco Correa en pago por las supuestas gestiones para lograr contratos desde su cargo de gerente en la Empresa del Suelo de Boadilla (EMSV), según la investigación que hizo el juez Baltasar Garzón antes de inhibirse del caso.Alfonso Bosch encargó en diciembre de 2002 a la empresa Prourbanorte el estudio y ejecución del reasfaltado y mejora de la carretera denominada Camino Viejo que une la urbanización de Las Suertes y la calle de Alcudia, en el centro del municipio. La sentencia detalla que el contrato se adjudicó de forma verbal "dado que el Ayuntamiento estaba interesado en abordar con urgencia tales obras". Ningún miembro del Consistorio explicó ante el juez a qué se debieron tales prisas. Además, no había ningún documento que formalizase el contrato.

Cuando la empresa terminó el trabajo recibió el encargo de aumentar la superficie reasfaltada de la carretera, según consta en el informe judicial. El entonces alcalde del municipio, Javier de Miguel, negó ante el juez que hubiera sido él quien realizase el encargo y declaró que los trabajos los ejecutaba una empresa que arreglaba la zona de la urbanización Las Suertes. Por su parte, Bosch reconoció que el encargo fue ordenado de forma verbal y dijo que se encontraba con el alcalde cuando se realizó.

Poco después de terminadas las obras en la carretera, se produjo un cambio de gobierno en el municipio. El PP fue desalojado de la alcaldía y Bosch encontró un hueco en la gerencia de la EMVS de Boadilla del Monte, la localidad donde la red de Correa logró algunos de sus principales negocios. Se marchó sin pagar las obras que había encargado. La empresa Prourbanorte demandó al Consistorio ante el impago de las facturas. Ahora una juez del tribunal contencioso administrativo de Madrid ordena al Ayuntamiento a pagar sólo una parte de la factura -en total ascendía a 142.944 euros-, porque no puede determinar que todos los trabajos hayan sido ejecutados por la misma empresa. "El carácter verbal del contrato dificulta la prueba de las obligaciones asumidas", dice la sentencia.

El actual alcalde del municipio, Antonio Vicente (PP) explicó ayer que tras recibir la sentencia judicial ordenó el pago de las obras. "No teníamos justificación de los trabajos. Hemos esperado a que un juez nos diga que efectivamente se realizaron", argumentó. Este periódico intentó, sin éxito, conocer la versión de Prourbanorte.

Tras conocerse su implicación en el caso Gürtel, Bosch fue suspendido de militancia en el PP. "Tuvo un papel destacado en las operaciones inmobiliarias que Correa [supuesto cabecilla de la trama corrupta] ha realizado en Boadilla del Monte", según el auto de inhibición de Garzón a favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El auto señala que Bosch se autoinculpó: "Reconoce en las intervenciones telefónicas que él se encuentra detrás de todo el tinglado de Boadilla, refiriéndose a las actuaciones de naturaleza urbanística denunciadas en los medios". Bosch mantiene su acta como diputado regional.