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Londres quiere procesar a su mayor fabricante de armamento

BAE Systems pagó comisiones ilegales en África y Europa

La Oficina de Grandes Fraudes británica (SFO, en sus siglas inglesas) confirmó ayer su intención de procesar a la compañía de equipamientos de defensa BAE Systems por el supuesto pago de sobornos para obtener contratos en varios países africanos y del este de Europa. La decisión se sostiene en una vasta investigación sobre el gigante aeronáutico que detectó indicios del delito de corrupción, aunque la última palabra sobre un eventual proceso judicial corresponderá a la Fiscalía General del Estado.

La SFO hizo el anuncio tras fracasar las negociaciones para que BAE Systems admitiera su culpabilidad en la obtención irregular de contratos en Tanzania, Suráfrica, República Checa y Rumania con el pago de una abultada multa, un gesto que le hubiera permitido eludir la amenaza de procesamiento. La compañía aeronáutica ha optado por negar tales acusaciones, a pesar del propio reconocimiento -el año pasado- de que sus prácticas no siempre han cumplido con los "más altos valores éticos". Se trata de la misma firma que en 2007 lograba esquivar la acción de la justicia en relación con un polémico contrato con Arabia Saudí, gracias a la intervención del entonces primer ministro, el laborista Tony Blair, quien apeló para ello a razones de seguridad nacional.

La misma empresa estuvo mezclada en otro caso vinculado a la realeza saudí

Aquel caso, que condujo a la OCDE a condenar la "falta de voluntad política" del Gobierno británico para perseguir la corrupción, presentaba un tremendo calado diplomático, al tener como cabeza visible a uno de los más influyentes miembros de la familia real saudí. La investigación apuntaba a que el príncipe Bandar bin Sultan, consejero de seguridad nacional del rey Abdulá y durante 20 años embajador de su país en Washington, habría gestionado el cobro de comisiones por valor de 1.800 millones de euros desde 1985 para favorecer la compra a BAE Systems de aviones de combate Tornado y otros equipos militares.

Cuando la SFO accedió a la demanda de Blair de dar carpetazo al escándalo, la prensa británica desveló que el régimen de Riad había amenazado previamente con cancelar la compra de aviones de combate Eurofighter y Typhoon, además de suspender la cooperación con Reino Unido en materia antiterrorista, si no se enterraba la investigación.

Una vez recibida la documentación sobre el nuevo caso de sobornos -la SFO no precisó ayer cuándo estará lista- la fiscal general, la baronesa Patricia Scotland, deberá decidir si existen suficientes pruebas para sentar en el banquillo a la mayor empresa de armas de Reino Unido, fabricante de equipamientos para el Ejército británico, de aviones de combate y barcos de guerra, que cuenta con unos 105.000 empleados en todo el planeta y clientes en un centenar de países.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 2 de octubre de 2009