La nueva gestión que pidió el Parlamento no llega al Guggenheim

Nueve meses después de que el Parlamento reclamara un cambio en el modelo de gestión del Museo Guggenheim, tras descubrirse el desfalco del que fuera su director financiero, Roberto Cearsolo, y la ruinosa compra de dólares, todo sigue prácticamente igual en la pinacoteca. Algunos procedimientos de control sí que han cambiado para evitar situaciones como la falsificación de una firma o el uso de claves de una entidad bancaria sin permiso (lo que permitió a Cearsolo sustraer de las cuentas de las sociedades Tenedora e Inmobiliaria casi 557.000 euros), pero el modelo general de funcionamiento no ha variado.

El próximo ingreso en prisión de Cearsolo, quien ha pactado con la fiscalía y la acusación particular que representa al museo una pena de tres años y medio de cárcel, ha vuelto a poner el foco en el sistema de operación del museo. Los esfuerzos del Gobierno vasco, apoyados en el último informe de fiscalización del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) y en las recomendaciones de la comisión parlamentaria que investigó el desfalco y la fallida compra de divisas, por reconducir la gestión han pinchado en hueso. El Ejecutivo comparte al 50% con la Diputación de Vizcaya la participación en las sociedades Tenedora (dedicada a la compra de obras de arte) y la Inmobiliaria (gestiona el edificio), por lo que la oposición foral a los cambios ha imposibilitado hasta ahora que se muevan las cosas.

La Diputación achaca las pérdidas a la mala suerte y no a una gestión deficiente

Entre otras recomendaciones, la comisión de investigación apuntó la de deshacer la paridad al 50%, lo que permitiría auditar las cuentas de la Tenedora de una manera más sencilla. Aunque todo el capital es público, el hecho de que ninguna institución posea más de la mitad del capital permite eludir con más facilidad las fiscalizaciones. Según la Diputación, si una de las dos instituciones dispusiera de una participación mayor que la otra podría imponer su criterio. Por otro lado, el último informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre la operación de compra de divisas entre 2002 y 2005, que se saldó con unas pérdidas de seis millones de euros, revela la falta de control público y la imputación incorrecta de las pérdidas, que el director general del museo, Juan Ignacio Vidarte, y su equipo atribuyen a un aumento del precio de las obras de arte.

El viceconsejero de Cultura, Antonio Rivera, quien en su momento presidió la comisión parlamentaria de investigación, explicó ayer a EL PAÍS, que el Gobierno ha solicitado a la Diputación de Vizcaya un informe sobre el estado general de las cuentas de la sociedad Tenedora para comprobar dónde se encuentra exactamente "el agujero" de los seis millones de euros. El ente foral se ha opuesto a elaborar ese informe y, apoyándose en su posición paritaria en el consejo, bloquea la petición del otro socio. "Ese informe es necesario para que los socios tengamos conocimiento de las consecuencias prácticas de la pérdida de los seis millones".

Sin embargo, la Diputación se enroca en la interpretación de que la operación ruinosa de compra de dólares se debió a la mala suerte y no a una deficiente gestión por parte de Juan Ignacio Vidarte, al que defiende a ultranza. El siguiente episodio de este choque entre Gobierno y Diputación se vivirá el próximo lunes en el Parlamento, donde comparecerá la consejera de Cultura, Blanca Urgell. Allí explicará las medidas que ha ido adoptando su departamento para evitar que se repitan irregularidades en la gestión de la pinacoteca, y será en ese momento donde se visualicen las resistencias de la Diputación de Vizcaya.