Editorial:
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Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Anomalía democrática

A la espera de lo que los jueces hagan con Camps, el deterioro institucional ya es imparable

El debate anual de política general de la Comunidad Valenciana celebrado estos días no ha servido para que el presidente Camps hiciera algo de lo que le habían sugerido Rajoy y Cospedal, sino más bien para que desafiase la autoridad de ambos recordándoles que, sin los votos que Valencia aporta, el PP no ganará las próximas elecciones. Es decir, que no tomen iniciativas que puedan desestabilizar a la dirección valenciana que él encabeza.

Lo dijo de manera más taimada, pero el mensaje quedó clarísimo. Hasta llegar a ese punto, Camps apenas se separó de un guión consistente en contestar con un manzanas traigo a las peticiones de explicación de la oposición. Ni las dio ni tomó ninguna de las decisiones "contundentes" que le había pedido la secretaria general. La más obvia, forzar el cese de la persona que aparece más directamente comprometida, el secretario general Ricardo Costa, tal vez sirviera para apaciguar los ánimos de Génova; pero supondría prescindir de su principal escudo, y no está dispuesto.

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A los socialistas, que le habían instado a disolver y convocar elecciones anticipadas para contener el deterioro de la vida política valenciana, casi les dijo que podía ser una buena idea, recordándoles que desde que estalló "el lío", él y su partido "arrasan" electoralmente. La idea de considerar que las urnas pueden lavar comportamientos irregulares o hasta ilegales ya fue sugerida meses atrás por Camps, y también por Carlos Fabra, el jefe de los populares en Castellón, investigado por varios asuntos de corrupción.

El lío al que se refirió Camps ha entrado en fase crítica tras conocerse un informe policial muy comprometedor para miembros del Gobierno autónomo y dirigentes del PP valenciano, y que deja tocado a Camps. El asunto acabará seguramente en los tribunales, pero entre tanto, la forma como han reaccionado esas autoridades y dirigentes ha provocado un gravísimo deterioro institucional y de la lógica democrática. Está afectando al crédito de la justicia, dada la relación entre Camps y el juez que decidió el archivo de la causa de los trajes. Y a la dignidad del cargo de presidente, rehén (u otra cosa peor) de una cuadrilla de facinerosos corruptores.

Pero también a la televisión valenciana, convertida en un testigo de parte especializado en silenciar o minimizar los asuntos que agobian al presidente. Con mayoría absoluta en la Cámara autonómica, el PP ha bloqueado centenares de preguntas parlamentarias o de peticiones de comparecencias sobre el escándalo; y ello pese a que una sentencia del Tribunal Constitucional del pasado abril anuló decisiones similares anteriores argumentando que aceptar como válida la mera negativa de la mayoría supondría "someter a razones de oportunidad el ejercicio de las facultades de control parlamentario".

Camps tampoco responde desde hace meses a las preguntas de los informadores que guarden relación con el asunto. Y sigue bloqueada (en represalia) la tramitación de la elección de Leire Pajín como senadora autonómica, con el argumento de que antes debe acreditar su compromiso con los "intereses y las señas de identidad" valencianos, incluida su posición sobre el trasvase del Ebro. Requisito que se guardó de exigir cuando eligió para el mismo cometido a una hija de Fabra.

Esta actitud de envolverse en la bandera valenciana para no responder a lo que le preguntan fue también la de Camps en el debate del martes: "Nos quitan el agua y ahora nos quieren quitar también el orgullo de ser valencianos", dijo con aplomo. Con todo ello, la Comunidad Valenciana se está convirtiendo en una anomalía política dentro del sistema. Y el comportamiento de sus gobernantes, en un motivo de vergüenza para los valencianos que conservan un mínimo de dignidad.

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