El alud de la financiación ilegal del PP enciende el Debate de Política General

El escenario que se había planteado el Consell para afrontar el Debate de Política General que empieza mañana en las Cortes Valencianas hace aguas. Tras el archivo, por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de la causa abierta al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, por los regalos recibidos por la trama corrupta de la que forma parte la empresa Orange Market, el PP había proyectado un debate que le permitiera recuperar la iniciativa política.

Tras meses de asedio judicial, Camps trataba de alejarse del tórrido foco de la sospecha para recomponer su imagen con un debate centrado "en las cosas que realmente interesan a la gente", como la economía, la fiscalidad, las infraestructuras y, por supuesto, el agua. Bajo esa premisa, en su discurso tenía que desvelar nuevas medidas para generar empleo y confianza en la economía, así como un "plan de austeridad extraordinario" de la Generalitat.

Es la tercera vez que se modifican las condiciones acordadas

Sin embargo, los acontecimientos se han precipitado sobre ese escenario en el que el presidente del Consell tenía que solemnizar las medidas puestas en marcha para paliar la situación económica, desvelar "una batería de medidas para crear empleo" y poner la proa contra el Gobierno central como responsable de la crisis y el incremento del desempleo en la Comunidad Valenciana. El informe de la Brigada Policial de Blanqueo sobre la financiación ilegal del PP valenciano imprime un nuevo rumbo que la oposición no va a desaprovechar.El escándalo de la supuesta financiación ilegal del PP valenciano ha estallado a pocos días del debate. Y aunque los populares desplegaron el viernes toda su maquinaria para desacreditar el informe policial sobre las cuentas del partido como un supuesto montaje del Gobierno, no han podido evitar cierta presión interna sobre Camps para que releve al secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa. El informe policial contiene grabaciones que muestran la estrecha relación de Costa, y del vicesecretario de Organización, David Serra, con el responsable de Orange Market en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes. La investigación, que también involucra a la tesorera del partido, Yolanda García, y al vicepresidente Vicente Rambla, describe una doble contabilidad en Orange Market con facturas en dinero negro y recibos en los que se endosa a grandes empresas valencianas el pago de actos del PP.

El informe ha dado munición extra a la oposición, que aprovechará el debate para defender que la trama de corrupción desborda al PP y mantiene bloqueado al gobierno de Camps. El portavoz socialista en las Cortes, Ángel Luna, afirmó ayer que la "grave tesitura" en la que se encuentra Camps, "relacionado con actuaciones de carácter delictivo, ha bloqueado la actuación del presidente" y ha "imprimido en el funcionamiento de la Generalitat una serie de vicios, de corruptelas, de ocultaciones y mal funcionamiento" que representan "un grave problema" para el desarrollo económico y social de la Comunidad Valenciana. El portavoz avanzó que presentarán "una serie de alternativas de regeneración de la vida política valenciana", además de propuestas económicas y sociales. La ética en la vida pública es un debate "obligado" que también formará parte del discurso de la portavoz de Compromís, Mònica Oltra.

Los socialistas, además, exigieron el pasado viernes la creación de una comisión de investigación. "Si es verdad, como dice el PP, que todo lo suyo es transparente y no tienen nada que ocultar, que acepten la comisión", lanzó Luna. El plazo para contestar a la propuesta lo puso el sábado el secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte. Si no hay respuesta hoy a mediodía, o el PP rechaza la comisión, los socialistas tomarán "nuevas iniciativas" en torno al caso Gürtel, en el que se personaron como acusación al destaparse el asunto de los trajes pagados por la trama corrupta.

Ayer, el Grupo Socialista anunció, además, que pedirá el martes "una copia de todos y cada uno de los 42 expedientes de las adjudicaciones" de la Generalitat al grupo Sedesa en los últimos diez años, por un montante que el diputado Francesc Signes estimó en 825 millones de euros.

Sedesa es una de las empresas incluidas en el informe policial, y la dirige el sobrino del consejero de Medio Ambiente, Juan Cotino. Como otras empresas afectadas, Sedesa niega haber financiado al PP a través de la doble contabilidad de Orange Market. Pero el PSPV quiere ver contratos y que se aclare "si es o no circunstancial" que Lubasa, también mencionada en el informe, sea un socio habitual de la empresa de la familia de Cotino. Signes hizo hincapié en que son cuestiones que "interesan a los valencianos". Todo lo contrario defiende el PP, que destacó que Camps hablará de lo que "realmente" interesa a los ciudadanos, como el empleo o un plan de austeridad en la Generalitat para afrontar la crisis. "El único bloqueo existente es el que existe en el PSPV, que no sabe ni quiere velar por los intereses de los valencianos", defendió Serra.

Con vistas al debate, el PP intentó amargarle a Alarte el primer aniversario al frente de los socialistas valencianos con una encuesta de intención de voto de cara a las próximas elecciones autonómicas. Costa presentó un sondeo (1.200 entrevistas entre el 1 y el 12 de septiembre) ajustado a la estrategia del PP que sitúa el paro como primera preocupación; atribuye al PP mayor capacidad para garantizar el acceso al agua, la educación, sanidad y el empleo, y ya deja patente el desacuerdo con la subida de impuestos del Gobierno, que no se aprobó hasta el pasado sábado. Para rematar, Costa vaticinó para Alarte "el peor resultado en la historia" del PSPV en unas autonómicas, y desplegó unos gráficos en los que se atribuyen al PP 525.000 votos más y tres escaños más a costa de los socialistas.

El secretario de Acción Electoral del PSPV, Víctor Sahuquillo, pidió a Costa que deje de "eludir su responsabilidad política" y le retó a "sacar del cajón la encuesta real, la que ha pagado con los fondos de la letra B, de Barcelona", en referencia al nombre de la cuenta de dinero negro de Orange Market.