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Editorial:

Caso abierto

El informe sobre financiación ilegal del PP obliga a la justicia a investigar hasta el final

El informe policial conocido el jueves (y del que este periódico publica hoy más detalles) sobre las relaciones entre la cúpula del PP de Valencia y la rama en esa comunidad de la trama Gürtel contiene los elementos clásicos de los escándalos de corrupción relacionados con la financiación ilegal de los partidos: doble contabilidad, facturas ficticias y lenguaje codificado para despistar al posible escucha no deseado.

Las reacciones también han sido las características: negativa rotunda ("un montaje"), seguida de intentos de culpar a los demás. Quien fue ayer más lejos en esa dirección fue el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, uno de los más comprometidos por el informe, que acusó al ministro de Interior de haberlo instigado una vez que los jueces "no le dieron la razón" (al archivar la causa en el caso de los trajes). Argumento absurdo, puesto que el informe es anterior a ese archivo.

Sostiene el PP que ni jueces ni fiscales habían pedido ese informe, y que ésa fue la razón de que el Tribunal Superior de Valencia lo rechazara alegando que no lo había solicitado. Es una interpretación que retuerce interesadamente los hechos. La investigación policial fue iniciada en el marco de las diligencias judiciales abiertas por el juez Garzón a raíz de la denuncia de un ex concejal del PP. Y en el auto de inhibición de ese juez, en marzo pasado, en favor de los tribunales superiores de Madrid y Valencia, el propio Garzón ya señalaba algunos indicios de financiación ilegal: sobre todo, ingresos que apuntaban a posibles pagos a cambio de adjudicaciones y otros procedentes de la trama. Había, pues, indicios, con huecos pendientes de investigación. Cuando ésta se completó, en julio, fue enviada al Superior de Valencia (competente para investigar la parte valenciana del caso); éste, sin embargo, no la tomó en consideración, alegando que no tenía relación con el cohecho impropio que se dilucidaba en ese momento.

Del contenido del informe se deduce que fue aquélla una decisión como mínimo precipitada. La resolución de archivo reconocía que no había pruebas del pago de los trajes por parte de Camps, pero tampoco de que fueran regalos a cambio de algo. El conocimiento de la forma como actuaba la trama permite afinar más: el PP valenciano pagaba servicios de la trama con contratos a dedo, e ingresaba por mediación de la trama cantidades procedentes de empresas de la construcción beneficiadas por concesiones administrativas.

Pero hace falta esforzarse mucho para no preguntar el origen del dinero que pagaba eventos varios y para no encontrar sospechosos los regalos. Rajoy ha dicho que da por cerrado el caso en su vertiente valenciana. Pero eso sólo ocurrirá si la fiscalía y los jueces competentes imitan al más que amigo de Camps que cerró los ojos para no ver y renuncian a investigar los fuertes indicios de financiación ilegal del informe. De acabar éste en el limbo, sin juez (imparcial) que lo investigue, el escándalo sería mayúsculo y el descrédito al sistema judicial en España, irreparable.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 26 de septiembre de 2009