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Caamaño: "El proceso a Garzón no agrada al Gobierno"

La asociación Francisco de Vitoria se desvincula de la próxima huelga

Para el Gobierno "no es agradable" que el juez Baltasar Garzón ni "ningún juez" esté imputado y tenga que estar pendiente de una potencial resolución de suspensión, aunque en el Ejecutivo no hay una "inquietud específica" y confía en la "profesionalidad" de la Sala Penal del Supremo, afirmó ayer el ministro de Justicia, Francisco Caamaño. El titular de Justicia, que anteriormente había declarado a la Cadena SER que la querella del pseudo sindicato ultraderechista Manos Limpias tiene "la condición política que tiene", agregó que confía en que la Sala Penal "analizará los hechos y dictará la resolución más acertada".

En el curso de un almuerzo organizado por la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (Acijur) y la editorial El Derecho, Caamaño manifestó que "no existen motivos" para la huelga de jueces convocada para el próximo 8 de octubre por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Esta asociación, explicó el ministro, "siempre ha negado el derecho de huelga de los jueces", por lo que deberán ser sus afiliados los que expliquen a los ciudadanos que acudan a los juzgados el 8 de octubre por qué los jueces no están en su puesto de trabajo. Además, pidió "coherencia" a la APM porque este colectivo negó que los jueces tuvieran "derecho de huelga" cuando otras dos asociaciones, Francisco de Vitoria y el Foro Judicial, convocaron un paro el pasado febrero.

El titular de Justicia insiste en que "no hay motivos" para la huelga de jueces

El ministro dijo no entender por qué la APM acusa ahora a Justicia de buscar la composición de los tribunales "en función de un pronóstico de resolución" según el "perfil ideológico" de los magistrados. "No vamos a cambiar la forma de acceso de magistrados y jueces, que pasarán por la Escuela Judicial", dijo, "y se ha buscado un buen equilibrio entre las funciones del juez y del secretario" para que no haya la "utilización política de las fechas de señalamientos" que dice la APM.

Anoche, la asociación judicial Francisco de Vitoria, la segunda en afiliación y de talante moderado, explicó en un comunicado que no iba a convocar huelga el día 8 de febrero porque con el actual equipo de Justicia, los colectivos de jueces han conseguido algunas de las reivindicaciones en materia de ascenso forzoso, jueces de adscripción territorial, señalamientos etcétera. Según esta asociación, la huelga debe ser ejercitada "de manera sensata" y la anunciada para el 8 de octubre es "prematura" y "no va en beneficio de los jueces" ni de los ciudadanos.

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